L D (EFE) Las partes se han visto este sábado en el juzgado número 2 de Amposta para celebrar un juicio rápido, que finalmente no ha tenido lugar al haber habido un acuerdo que, en principio era de 9 meses de internamiento, pero que se ha reducido a seis debido a la disminución psíquica que tiene el detenido, según el informe del forense. Posteriormente, el joven ha sido trasladado a Madrid para ingresar en el centro psiquiátrico.
Según ha declarado Josep Pitarch, teniente de alcalde de San Carlos de la Rápita, el joven madrileño ha pedido disculpas al ayuntamiento y ha asegurado que no tenía nada contra la población y que no esperaba que lo que hizo tuviera tanta repercusión, pero que le ha servido de ejemplo para no hacerlo nunca más. El concejal se ha mostrado satisfecho con el acuerdo porque supone que “ningún acción de este tipo debe quedar impune”.
El joven, de 23 años y vecino de Tres Cantos (Madrid), fue detenido el pasado día 12 por la Guardia Civil y fue acusado de efectuar las llamadas del día anterior, en las que se alertaba de la colocación de una bomba en la playa de esta localidad tarraconense.
En un principio, la acusación era de un delito continuado de desorden público, penado con entre seis meses y un año de cárcel de prisión, pero no hubiera ingresado en prisión al carecer de antecedentes penales.
Según ha declarado Josep Pitarch, teniente de alcalde de San Carlos de la Rápita, el joven madrileño ha pedido disculpas al ayuntamiento y ha asegurado que no tenía nada contra la población y que no esperaba que lo que hizo tuviera tanta repercusión, pero que le ha servido de ejemplo para no hacerlo nunca más. El concejal se ha mostrado satisfecho con el acuerdo porque supone que “ningún acción de este tipo debe quedar impune”.
El joven, de 23 años y vecino de Tres Cantos (Madrid), fue detenido el pasado día 12 por la Guardia Civil y fue acusado de efectuar las llamadas del día anterior, en las que se alertaba de la colocación de una bomba en la playa de esta localidad tarraconense.
En un principio, la acusación era de un delito continuado de desorden público, penado con entre seis meses y un año de cárcel de prisión, pero no hubiera ingresado en prisión al carecer de antecedentes penales.