L D (Europa Press) Pese a que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega dijo que escuchar las conversaciones grabadas entre el socialista Fernando Huarte y el número dos de Alekema Lamari, Abdelkrim Benesmail, violaba el derecho a la intimidad, el juez de Vigilancia Penitenciaria de Asturias ha defendido justo lo contrario.
En palabras del juez Barrada, "la alta y legítima finalidad" perseguida por la comisión de investigación "justifica plenamente" la posible incidencia que, para los derechos fundamentales del recluso, puede suponer la difusión de las conversaciones, "teniendo en cuenta además que el propio interno conoció el acuerdo de intervención (de sus comunicaciones) sin oponer recurso alguno". Por ello, el magistrado entiende que "no existe inconveniente alguno" para la remisión de esas grabaciones al Parlamento.
Sin embargo, la decisión no depende de él. El juez precisa que estas cintas, que habían sido pedidas por la comisión de investigación, no están a su disposición, ya que las conversaciones que tuvieron lugar en 2002 fueron enviadas en su día a Instituciones Penitenciarias y la de octubre de 2004 depende de la Audiencia Nacional.
Así responde el juez al requerimiento que el 25 de abril le dirigió la comisión de investigación después de que el Gobierno rechazase el envío de las cintas al Congreso alegando que podían afectar a la intimidad de las personas y que debía haber autorización del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
En concreto, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, señaló el 22 de abril que dicha petición debía realizarse al juez de vigilancia penitenciaria correspondiente, alegando que la conversación afecta al derecho a la intimidad de los comunicantes. En su respuesta, a la que tuvo acceso Europa Press, el juez señala que Huarte y Benesmail mantuvieron tres comunicaciones orales, dos en 2002 (9 de marzo y 1 de abril) y una en 2004 (9 de octubre).
Las dos primeras se produjeron cuando el preso islamista dependía del Juzgado de Vigilancia Penitenciara de Asturias, mientras que la última ya estaba bajo la órbita de la Audiencia Nacional, una vez condenado por terrorismo. Benesmail tenía interceptadas sus comunicaciones en la cárcel antes incluso de ingresar en la prisión de Villabona, al parecer desde 1997.