La obligación de todo magistrado instructor es investigar al máximo la presunta comisión de delitos. Desgraciadamente, no siempre los jueces investigan con el mismo celo las distintas causas. El juez Baltasar Garzón –actualmente, suspendido de sus funciones- tuvo casi tres años "dormido" en uno de los cajones del juzgado central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional el caso del chivatazo a ETA. En cambio, su sustituto, el juez Pablo Ruz, quiere llegar hasta el fondo de la cuestión y averiguar quién dio el soplo a red de extorsión etarra en el bar Faisán de Irún el 4 de mayo de 2006.
Ésta es la principal idea que se desprende del auto hecho público este lunes donde Ruz ordena que se practiquen una decena de nuevas diligencias. El objetivo que persigue el magistrado con todas ellas es asegurarse que no deja ningún cabo suelto de cara a encontrar a los responsables del chivatazo.
El magistrado habla por primera vez de "delación policial" y señala que estamos ante "una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía, tendente a evitar la detención de determinadas personas que estaban siendo investigadas por la Fuerza Policial".
En mayo de 2006, cuando desde la Audiencia Nacional se preparaba una operación conjunta con Francia contra la red de extorsión de ETA -conocida como "Operación Urogallo"- desarrollada en torno al bar Faisán, propiedad de Joseba Elosúa, éste recibió una llamada donde alguien –presuntamente el inspector de Álava- le avisó de la acción que se iba a llevar a cabo. Detrás del soplo, según el juez, podrían haberse cometido dos delitos: uno, de revelación de secretos por parte de un funcionario público y, otro de colaboración con banda armada. El primero de ellos está penado con hasta tres años de prisión, mientras que el segundo de ellos con un máximo de diez años de cárcel.
Este segundo dato es el que ha llevado al juez Ruz a transformar las diligencias previas en sumario (o procedimiento ordinario, empleado para enjuiciar delitos con penas de más de nueve años de cárcel). Ante los indicios existentes, Ruz deja claro que considera "prematuro" el archivo de la causa, tal y como ha pedido el Ministerio Fiscal. Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional informó la semana pasada que no interesaba practicar ninguna nueva diligencia a raíz de los 645 folios que Francia ha aportado a la causa.
Asimismo, en la resolución judicial el magistrado recuerda que la ley ordena que cuando se incoe sumario la competencia a la hora de archivar la causa no le corresponde a el instructor, sino a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Eso sí, antes de llegar a ese punto procesal la intención de Ruz es investigar hasta el extremo los hechos con el fin de saber quién es el autor del chivatazo.
En la causa están imputados el ex director general de Policía y dirigente del PSE en Álava Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y un inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros. Las acusaciones populares la ejercen la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia (DyJ), el Partido Popular (PP) y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.