Según lo acordado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, el juicio oral se desarrollará en cuatro sesiones de mañana y tarde durante los días 24, 25, 26 y 27 de este mes. Durante la primera sesión de la vista oral estará dedicada al interrogatorio que el fiscal, la acusación particular y la defensa harán al acusado.
El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, considera al acusado autor de un delito continuado de prevaricación, con la agravante del artículo 22.4 del Código Penal (actuar movido por animadversión hacia la orientación sexual de la adoptante y de la madre biológica) y pide que se imponga una pena de multa de nueve meses de prisión con cuota diaria de tres euros e inhabilitación especial para el desempeño de funciones jurisdiccionales por tiempo de 18 años. Igualmente, considera que el acusado, y subsidiariamente el Estado, deberán indemnizar a la querellante en la cantidad de 18.000 euros por daños morales.
Un delito de prevaricación
También la acusación particular considera al acusado autor de un delito de prevaricación en su modalidad de retardo malicioso en la Administración de Justicia con la agravante del artículo 22.4 del Código Penal o, alternativamente, de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales, cometido por funcionario público, de discriminación por razón de orientación sexual en la prestación de un servicio público.
En el primer caso, pide la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años y, alternativamente, por el delito de discriminación, la pena de tres años de prisión e inhabilitación especial para cargo público por cuatro años.
Calamita sigue negando el supuesto "retardo"
Por su parte, la defensa del juez titular del juzgado número 9 de Murcia, considera que no hay delito continuado de prevaricación alguno, ni tampoco retardo malicioso, ni negación del acceso a la adoptante a la justicia por razón de su orientación sexual; que por tanto no puede haber circunstancias agravantes y solicita la libre absolución.
Según ha declarado a Libertad Digital el abogado del juez expedientado, Javier Pérez-Roldán, su cliente ha sufrido discriminaciones y amenazas durante la tramitación de este caso. El magistrado asegura que el Presidente del TSJ de Murcia, actualmente apartado del caso, le dijo que “un católico no puede estar al frente de un Juzgado de Familia”. Además, el abogado subraya que la defensa de las lesbianas le pidieron 10.000 euros al juez a cambio de que se quitase la querellacontra él. Chantaje que Calamita no aceptó, según Pérez Roldán.
En febrero de 2008, la Comisión Permanente del Consejo le suspendió cautelarmente al admitier a trámite la querella que presentó la adoptante contra él. Era la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces suspendía a un juez a instancia de una de las partes y no del propio fiscal. Tras varios meses alejado de su puesto de trabajo, Ferrín Calamita ha pedido al CGPJ que deje sin efecto su suspensión porque, según alega, él y su familia, compuesta por nueve personas, no pueden subsistir.