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El PNV califica de "golpe de estado a la voluntad popular" la querella de la Fiscalía contra Atutxa

El presidente del PNV de Vizcaya y miembro de la Ejecutiva del partido, Iñigo Urkullu, trata de criminalizar a la Justicia, que ha actuado contra el Parlamento vasco por negarse a acatar una sentencia y disolver al grupo de la antigua Batasuna. La querella de la Fiscalía contra Atutxa la considera “un golpe de estado a la voluntad popular”.

L D (EFE) Urkullu se refirió así a la decisión de la Fiscalía General del Estado de presentar una querella ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, así como contra el vicepresidente primero de la Cámara, Gorka Knorr (EA), y la secretaria segunda, Conchi Bilbao (IU-EB). El Ministerio Público considera un delito de desobediencia ante la negativa de la Cámara a disolver al grupo Socialistas Abertzales (SA).

El dirigente del PNV manifestó que, más allá de la repercusión de esa querella desde el punto de vista de las personas afectadas, a su partido le preocupa sobre todo “el golpe de estado a la voluntad popular” y la “tropelía que se está cometiendo con la sociedad vasca” con estas decisiones. Iñigo Urkullu indicó que, en su reunión del próximo lunes, la ejecutiva que preside Xabier Arzalluz analizará “con cautela” tanto la última resolución del Tribunal Supremo sobre la disolución del grupo de la antigua Batasuna como la querella de la Fiscalía contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Vitoria.

El PNV estudiará también la propuesta efectuada por EA para la convocatoria de una manifestación “en defensa de las instituciones vascas” y “como respuesta inmediata a los intentos de desestabilización del País Vasco por parte del PP y del PSOE”, según dijo este viernes la presidenta de Eusko Alkartasuna, Begoña Errazti. En este sentido, Urkullu precisó que, aunque cada partido valorará por su parte la forma de responder a esta situación, habrá que estudiar los planteamientos de las tres fuerzas que forman el Gobierno vasco, PNV, EA e IU/EB, para decidir después las iniciativas a adoptar.

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