Para el PP, la crisis institucional surgida de la incapacidad del Tribunal Constitucional para dictar sentencia sobre el Estatuto catalán tiene nombre y apellidos: José Luis Rodríguez Zapatero. Para argumentarlo echan mano de hemeroteca y se trasladan a junio de 2008, cuando el Gobierno se negó a aceptar los candidatos del PP para este órgano correspondientes al Senado: el ex presidente del Supremo Francisco Hernando y el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López.
A esto se suma, arguyen los populares, la reforma de la Ley Orgánica que, pese a su oposición, prorrogó al frente de la presidencia a María Emilia Casas, cuyo voto de calidad puede ser clave en las venideras votaciones.
Con esta base, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se refirió en términos muy duros sobre la campaña de presión a la que se está viendo sometida el Alto Tribunal -principalmente de la Generalidad catalana- a favor de su renovación. “No se puede poner en tela de juicio la actuación de las instituciones porque sería tanto como decir que se tendrían que anular todas las resoluciones y sentencias tomadas” lo que es, a su juicio, “una barbaridad”. En otras palabras: nada de cambiar de árbitro “a mitad de partido”.
En cuanto al órdago de José Montilla contra el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, la número dos de los populares aclaró al dirigente socialista de que el responsable de “sus males” y quien está “jugando, mintiendo y frustrando” sus expectativas sobre el Estatuto es su jefe, José Luis Rodríguez Zapatero.
“Que le pregunte a Zapatero cuál es su grado de compromiso con todos los catalanes, que le pregunte cómo es posible que haya vuelto a defraudar las expectativas de los socialista catalanes”, continuó Cospedal, quien sentenció: “Que Montilla mire bien quienes son los responsables de sus males, Trillo no lo es”.
Piden que la sentencia "salga cuanto antes"
Así pues, para la dirección nacional “el PP hizo lo que tenía que hacer” y la incapacidad de Zapatero ha llevado a España a una “inseguridad jurídica” que ha provocado “también inseguridad política y social”.
Por ello, lo que piden los populares es que “la sentencia salga cuanto antes” porque “no hay justicia si esa justicia no es rápida”. El Alto Tribunal lleva con el texto encima de la mesa más de tres años y medio.
Dicho esto, Cospedal reclamó que se deje “tranquilo” al TC para que pueda dictar su sentencia “en libertad y sin ningún tipo de intromisión” porque eso “es lo mejor” para Cataluña y para el resto de España.
En similares términos se pronunció, en consonancia a Mariano Rajoy el domingo, sobre la causa que se sigue contra el juez Baltasar Garzón, al advertir de que quienes tratan de interferir y presionar a los jueces del TS están “haciendo un flaco favor a la democracia”.