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El PPC votará a favor de una Ley que permite al CAC decidir si una información es veraz

Ya hay dictamen favorable de la ponencia presentada en el Parlamento catalán para aprobar una ley audiovisual propia. Según ha confirmado Libertad Digital, el PPC votará a favor en el Pleno que se celebrará el 15 de diciembre. La nueva norma define el concepto de veracidad informativa y concede la potestad sancionadora al CAC, organismo dominado por el tripartito, presidido desde el PSC y que abrió expediente a la COPE por presunta violación de la Constitución. Mientras, las pensiones millonarias de los miembros del CAC están casi cerradas. 

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(Libertad Digital) El diputado Santiago Rodríguez es el ponente del PP en esta Ley. Su opinión es que el próximo 15 de diciembre, cuando se debate en Pleno en el Parlamento de Cataluña, se aprobará por unanimidad. El PP de Cataluña se abstuvo en uno de los artículos referido a la pluralidad lingüística y religiosa que, en opinión de Rodríguez, ya aparecía reflejado en otro apartado del texto, y voto en contra de otro que fijaba como referencia del audiovisual el "ámbito lingüístico catalán" y no la Comunidad Autónoma de Cataluña. Pero la referencia que sembrará más polémica es la de la veracidad en la información y las sanciones previstas en caso de violación de la misma.
 
El texto que se debatirá en diciembre fija una definición de veracidad informativa: "la que se fundamenta en hechos que pueden someterse a una comprobación diligente, profesional y fidedigna". El problema llega a la hora de saber quién decide si una información emitida es veraz o no y, en este caso, si la emisora debe ser sancionada como prevé el proyecto. 
 
Desde junio de 2004, el control del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) sobre los medios no ha hecho sino crecer. Fue entonces cuando, también por unanimidad –también, pues, los votos del PP– se aprobó una reforma de la ley del CAC por la que se le convertía en "una autoridad independiente con capacidad de obrar y plena independencia" de las administraciones públicas. Desde entonces es el CAC el que tiene la potestad sancionadora para imponer sanciones, la capacidad de conceder, renovar o revocar licencias de radio y televisión.
 
En otras palabras, el CAC tiene desde la llegada al poder de Maragall plenos poderes en el ámbito audiovisual catalán. Ahora, si la Ley que el PP va a apoyar sale adelante, también podrá sancionar a una emisora de radio o televisión por no ser, siempre a su juicio, veraz. El último episodio de acoso a la COPE con el expediente abierto por este organismo no se vería afectado ya que, la ley no es retroactiva pero, evidentemente, la emisora estaría sometida al riesgo de encontrarse en cualquier momento con una interpretación arbitraria de la veracidad y la consiguiente sanción. Hasta ahora esas interpretaciones las dirimen los jueces en los tribunales. La nueva Ley deja la decisión, a efectos prácticos, en manos de quien controle el CAC. En este caso, en manos del tripartito y de un partido como CiU, que desde la tribuna del Congreso de los Diputados atacó y llamó mercenarios a los informadores de la COPE .
 
Conviene recordar que aunque se le presenta como un organismo independiente, el CAC está conformado acorde a criterios políticos. El presidente lo nombra directamente el Gobierno dela Generalidad y el resto de componentes lo nombra el Parlamento a propuesta de los grupos. El anterior titular, Francesc Codina, propuesto por CiU dimitió por sorpresa un año antes de que venciera su nombramiento. Llegó entonces su sucesor, Josep María Carbonell, del PSC. El "equilibrio" de fuerzas en el CAC es pues de cinco miembros procedentes del tripartito incluido el presidente y su voto de calidad, cuatro a propuesta de CiU, y uno del PP. Según fuentes consultadas por Libertad Digital, hasta ahora todas las decisiones del CAC han sido adoptadas por unanimidad.
 
El texto establece también como infracciones muy graves, entre otras, el "incumplimiento de los principios básicos de la regulación de los contenidos audiovisuales". Según la propuesta, las sanciones muy graves comportarán "una multa desde 90.001 hasta 300.000 euros y la suspensión de la actividad por un plazo máximo de tres meses".

En el título dedicado a la organización de la actividad audiovisual privada, la proposición de ley dice que "todos los operadores privados que presten servicios de comunicación audiovisual tienen el deber de transparencia en relación con todos los aspectos de su actividad que son relevantes para la libertad de comunicación y el pluralismo".

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