(Libertad Digital) Tras el último episodio de fuga masiva de narcotraficantes cuando iban a ser juzgados en la Audiencia Nacional comienzan a aparecer reacciones de todo signo. Este miércoles comenzó con unas declaraciones del ministro de Justicia, José María Michavila, a la cadena SER.
Michavila explica la reforma. Allí defendió que la reforma de la prisión provisional evitará nuevos escándalos: "Hemos puesto en marcha una reforma de la prisión provisional que, por cierto, no ha votado a favor el PSOE y sí el PNV, CiU y CC, y consiste en una medida eficaz y decidida para evitar que hechos como esto, que vienen siendo frecuentes, se produzcan", en referencia a la oleada de fugas. Lo que se pretende es que los recursos e impugnaciones de sentencias que introducen las defensas no contribuyan a dilatar el juicio hasta el punto de que, antes de que se celebre, venza el plazo máximo para estar entre rejas y los acusados desaparezcan. En este sentido se orientaba la petición del fiscal antidroga al pedir que no se contabilizara el tiempo en el que una avalancha de recursos –todos rechazados– llevó el plazo precisamente hasta ese límite.
El juez no está de acuerdo. Sin embargo, el propio Siro García, sigue opinando. El martes apareció ante la prensa pese a reconocer que "no es muy prudente" para quejarse de que no hay medios para evitar las fugas. Este miércoles, ya sin disculparse pese a ser el presidente del tribunal que juzga el caso de la operación Carro, insiste en que las medidas aprobadas no aportan novedad alguna y menos aún, soluciones. Dice que lo explicado por Michavila ya se practicaba antes de la reforma. Es decir, que las "maniobras de los letrados" para dilatar procesos se podían anular el contabilizar la prisión provisional. Tiene una explicación: "desde el punto de vista de la defensa puede que sea mucho más beneficioso para su cliente que esté cuatro años privado de libertad pero que quede en libertad antes de un juicio que produzca una condena que le privaría de libertad". Pero al abogado le asiste la posibilidad de introducir recursos y además dentro de plazo improrrogable. No ocurre lo mismo con las resoluciones a esos recursos que casi nunca cumplen el plazo marcado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, García sigue sin referirse a la fuga. Siempre se produce la misma secuencia en la que hasta el último día, el de la citación, no se sabe nada del acusado que disfruta ya de libertad.
El PSOE encuentra culpable. Este miércoles se conocía también la postura oficial desde el PSOE y desde la esfera jurídica de la izquierda (Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales). El portavoz socialista de Justicia en el Congreso, Javier Barrero, dice que la culpa de que no se pueda evitar que los cuatro narcotraficantes que están siendo juzgados queden en libertad en noviembre (con el consiguiente riesgo de fuga) es del Ministerio de Justicia y del Fiscal General del Estado al no poner los medios necesarios
Barrero criticó la "ceguera" y la "irresponsabilidad" del ministro de Justicia, José María Michavila, por intentar "ahuyentar la alarma social" y "responsabilizar" al Parlamento de no haber aprobado antes la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional debido a un error en la última votación. Culpó también a la Fiscalía General del Estado y a su máximo responsable, Jesús Cardenal, por no impedir la demora de los procesos a pesar de "tener recursos" para ello.
Los juristas de la izquierda critican al Gobierno. Faltaba su opinión. Tanto Jueces para la Democracia como la Unión Progresista de Fiscales coinciden en que no se puede presumir de superávit y recortar presupuestos para la Justicia. José Antonio Alonso (JpD) incidió en la necesidad de reformar la Oficina Judicial y reconoció que la Audiencia Nacional soporta un volumen de trabajo enorme. Apuntó también que los sueldos son bajos y puso el ejemplo de un secretario judicial que se desplaza al País Vasco en una operación antiterrorista y sólo cobra 25 euros al día en concepto de dieta. Antonio Camacho (UPF) añadió que mientras el Gobierno "publicita el déficit cero", faltan medios para la Justicia.
López argumentó también que con las nuevas reformas legislativas en tramitación actualmente en el Senado se trata de que casos como estos "ocurran menos". Pese a todo, reconoció que la puesta en libertad de cualquier imputado al haber transcurrido el tiempo máximo de prisión provisional sin la celebración de juicio supone "un fracaso del sistema, al margen de que no se pueda imputar ningún tipo de responsabilidad personal a nadie de los que hayan trabajado" en el caso.