L D (Europa Press) En un acto con concejales de Economía y Hacienda en ayuntamientos del PP-A, Javier Arenas achacó estos insultos de Pizarro a que el socialismo tiene la "sensación de que está más cerca que nunca la posibilidad de perder el poder en Andalucía, lo que les pone extraordinariamente nerviosos", mientras auguró que a los populares, en términos políticos, les quedan "años muy duro" en la comunidad a medida que se acerquen las próximas elecciones autonómicas.
Al que discrepa en la comunidad, según Javier Arenas, los dirigentes socialistas responden con el insulto y las descalificaciones, al tiempo que se mostró convencido de que al presidente de la Junta y secretario general del PSOE-A, Manuel Chaves, "le sobra" la oposición, los sindicatos, los empresarios y la libertad de expresión.
Para Arenas, el "problema" de Chaves no es precisamente con él, sino "con la democracia y la libertad y le gustaría tener un Parlamento sin oposición".
El dirigente del PP-A vio justificado ampliar su demanda con las palabras que le dirigió ayer Luis Pizarro, unas afirmaciones que se hicieron "fuera de la sede parlamentaria".
Como se recordará, la demanda sobre Protección del Derecho al Honor fue presentada a finales de septiembre y recoge en el texto las declaraciones hechas por Pizarro el día 10 de julio, en las que llamaba "matón de discoteca" a Arenas, tras el debate de una proposición no de Ley en el Pleno del Parlamento relativa a la disolución del Ayuntamiento de Estepona.
Luis Pizarro acusó al presidente del PP-A de "tener un discurso de matón de discoteca con el que representa una política de vender baratijas". Al día siguiente, 11 de Julio, durante su intervención en el acto de apertura del XI Congreso Regional del PSOE, ahondó en estas declaraciones al manifestar que es "un político amortizado, sin credibilidad, un vendedor de baratijas", mientras que el día 12 de julio, volvió a "incidir en sus ataques" llamándole "querellator cuatro" y "campeón de los insultos", según la información facilitada por el PP-A.
El PP consideró en su demanda que estas declaraciones afectaban directamente a la imagen de Javier Arenas y "vulneraban, claramente, el mandato constitucional".