Por segunda vez en siete meses el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tendrá que declarar en calidad de imputado ante el Tribunal Supremo. Lo hará el próximo 15 de abril para responder sobre la causa que investiga los cobros de los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York durante los años 2005 y 2006. Dichos cursos fueron patrocinados por el Banco Santander.
El instructor del caso, el magistrado Manuel Marchena, ha dictado una providencia donde le cita como imputado de los presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Según fuentes del alto tribunal, el magistrado también ha llamado a declarar el día 21 de abril a otras a tres personas cuya comparecencia, en calidad de testigos, había solicitado la acusación popular, que ejercen los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón.
Los testigos son María del Mar Bernabé, funcionaria de la Administración de Justicia que acompañó a Garzón como asistente durante su permanencia en Nueva York, donde disfrutaba de un permiso de estudios; Laura Turégano, responsable del Centro Juan Carlos I de la Universidad, que organizó los cursos; y el ex director del centro universitario James D. Fernández.
El pasado mes de diciembre salió a la luz pública que Garzón pidió en una carta, que contenía su firma, a Emilio Botín que financiase los seminarios que dirigió en la ciudad estadounidense. A posteriori, ya en España, el magistrado archivó una querella que se interpuso en su juzgado contra altos cargos de la entidad bancaria que lo patrocinó.
Estos hechos hicieron que el pasado enero la Sala de lo Penal del Alto Tribunal admitiera a trámite la querella interpuesta por los letrados Mazón y Panea contra el instructor. El objetivo de la investigación que se lleva a cabo ahora es aclarar si en la entrega del dinero por parte del Santander al juez "medió el hecho de tratarse de un juez de instrucción de la Audiencia Nacional o si por el contrario tal cosa puede valorarse como una mera suposición o conjetura".
Vía administrativa
Por otro lado, estos mismos hechos fueron ya denunciados por los citados abogados ante el Consejo General del Poder Judicial . De probarse que son ciertos podrían costarle a Garzón una sanción por falta muy grave prevista en el artículo 417.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Se trataría de una falta de inobservancia del deber de abstención al archivar una querella contra varios directivos del entidad bancaria que lo habría patrocinado.
De prosperar una investigación disciplinaria en este sentido, la sanción contra Garzón podría ir desde la suspensión entre 1 mes y 3 años (a partir de 6 meses perdería su plaza en la Audiencia Nacional), hasta la expulsión de la carrera judicial, pasando por el traslado forzoso.
En estos momentos, Garzón tiene abiertas tres causas ante el Tribunal Supremo: una por los cobros que recibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York, otra por su causa general que abrió al franquismo (por la que ya declaró el pasado nueve de septiembre) y una tercera por ordenar intervenir conversaciones en prisión entre varios imputados en el caso Gürtel y sus abogados.