Según ha declarado a Libertad Digital el abogado del magistrado, Javier María Pérez-Roldán, "la sentencia tenía varios errores". Además, el letrado denuncia que la Sala tardó 20 días en ejecutar la resolución cuando "la ley estima que se debe tardar unos 5" en un caso en el que se condena por un supuesto retraso.
La segunda correción se dió el pasado 15 de enero; mientras que la primera fue el 26 de diciembre, tres días después de leerse, en un acto abierto al público, la sentencia. Y es que, la sentencia de condena "se incluía, en el Fundamento de Derecho Sexto, el supuesto elemento subjetivo del tipo penal, que no era otro que el impedir a la adoptante ejercer su derecho de adopción". Concretamente, el primer auto aclaratorio modifica la sentencia al añadir un párrafo en el que dice "la adoptante, más que a que se le conceda la adopción, lo que tiene es un derecho a una respuesta positiva o negativa, y fundada en el ordenamiento jurídico, que es la esencia de la tutela judicial efectiva que se le ha denegado injustamente en este caso".
Tras esta primera corrección, la defensa de Calamita solicitó una segunda, ya que "la sentencia seguía teniendo errores y la Sala admitió que estaba mal y los corrigió". Pérez-Roldán afirmó que esta corrección le fue notificada el pasado día 15 de enero.
En esta línea, precisó que los errores se refieren, en primer lugar, a que "en la página dos de la sentencia, se dice que la querella la tramitó el letrado José Luis Mazón en nombre de Vanesa H. [cónyuge de la madre biológica] y Susana M. [madre biológica de la menor], cuando es incorrecto, ya que la querella sólo la presentó la primera de ellas". En segundo lugar, "habla de que no es aplicable el delito del artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y es un error, ya que éste está pensado para funcionarios propiamente dicho y no para jueces, y es el artículo 511.3".
"La Sala corrige los errores que detecté y me da la razón, citando como artículo de amparo esa corrección de errores de la Ley Orgánica del Poder Judicial", subraya ahora la defensa del juez.
El magistrado fue condenado a dos años, tres meses y un día de inhabilitación de su cargo, así como al pago de una indemnización, por retrasos en la adopción de una menor por parte de una pareja lesbiana.