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El TSJ reabre el caso de prevaricación contra el socialista Pérez Ráez

  Cinco días antes de las elecciones aprobó un pagó de 101.478 euros a la empresa Cuadrifolio, a pesar de que la interventora había advertido de que no se había reservado crédito para el gasto y no se había tramitado el oportuno expediente administrativo.

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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido estimar el recurso de apelación interpuesto por el Partido Popular contra el sobreseimiento del "Caso Cuadrifolio", en el que fueron denunciados por un presunto delito de prevaricación el portavoz del grupo municipal socialista en Leganés Antonio García Blázquez; la secretaria del alcalde Montoya, Yolanda Sevilla; la secretaria de la concejala de Recursos Humanos, Rita Salinas; el actual director de medio ambiente, el socialista Francisco Arroyo; además del ex alcade socialista José Luis Pérez Ráez y diputado regional del grupo socialista en la Asamblea de Madrid en la actualidad; y los ex concejales Mariano Maroto (ex IU), Florencio Izquierdo (PSOE), Margarita Pedruelo (PSOE); y la cesada a raíz del "caso Alvina" (tras la denuncia del PP al descubrir un amaño de contrato en Nuevas Tecnologías), Virginia Moreno.

La Sala insta al juez instructor para que "proceda a acordar razonadamente sobre la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa en atención a lo que se indica en los fundamentos de esta resolución". Y lo que indican los fundamentos de esta resolución es que "en aquellos supuestos en los que por la naturaleza colectiva de los bienes jurídicos protegidos en el delito, no existe la posibilidad de personación de un interés particular, y el Ministerio Fiscal concurre con una acusación popular que insta la apertura de juicio oral, la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, la apertura de la causa a la celebración del juicio oral (STS 54/2008)".

101.000 euros cinco días antes de las elecciones

El "caso Cuadrifolio" derivó de una querella presentada por Fiscalía, a raíz de una denuncia del Partido Popular, en la que se imputaba un delito de prevaricación a los miembros de la última Junta de Gobierno de la anterior legislatura, por aprobar un gasto de 101.000 euros con informes en contra de la interventora y el secretario de la corporación.

Jesús Gómez, presidente del Partido Popular de Leganés, y portavoz del grupo municipal popular, ha valorado esta noticia al indicar que "el exalcalde Pérez Ráez, el portavoz actual del grupo socialista Antonio García Blázquez y, especialmente, Francisco Arroyo puede que tengan que tragarse la catarata de insultos, amenazas y descalificaciones que me dirigieron a mí y a la anterior alcaldesa Guadalupe Bragado y, acto seguido, dar explicaciones al juez de por qué corría tanta prisa, cinco días antes de las elecciones, pagarle ilegalmente 101 mil euros a una empresa de organización de eventos. Confiamos en que la Justicia, finalmente, ponga a cada uno en su sitio".

Jesús Gómez ha añadido que "esta decisión de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ confirma que el Partido Popular no acude a los Tribunales por capricho o por buscar titulares sino en defensa de los intereses de los vecinos. Más les valdría a PSOE-IU preparar su defensa ante los Tribunales de Justicia, por los muchos casos que se les acumulan, que convertir el Pleno Municipal en un Tribunal de la Inquisición para reprobar por puro capricho sectario a todo aquel que se atreve a sacarles sus vergüenzas".

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