L D (Europa Press) El pasado mes de octubre la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió, siguiendo el criterio del fiscal, devolver al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la citada querella. El auto, que declaraba la competencia del TSJCV para el conocimiento de la querella, afirma que en ella "se dice que los hechos podrían constituir delitos de calumnias o injurias graves con publicidad", es decir, que atribuye a los querellados "la responsabilidad de la difusión a través de medios de comunicación".
"Sin embargo --según dicha resolución--, no aporta ningún principio de prueba acerca de la posible intervención de éstos (los diputados implicados) en la difusión a través de la página web de la Cadena SER, en cuya información no se recoge ninguna manifestación de los querellados aforados, sino solamente referencias al contenido de la denuncia que éstos presentaron ante la Fiscalía". Zaplana presentó el pasado 17 de mayo una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por un delito de calumnias con publicidad o, alternativamente, un delito de injurias graves con publicidad contra los diputados y los empresarios valencianos, imputados en el caso que se sigue por corrupción en la construcción de Terra Mítica.
Un día antes la página web de la Cadena Ser había publicado el contenido de una denuncia presentada ante la Fiscalía del TSJCV por Such y Camarasa en la que informaban de que habían grabado las manifestaciones de los dos empresarios, que les indicaron que durante la ejecución de las obras del parque temático Terra Mítica de Benidorm se habían manipulado facturas por más de 2.000 millones de pesetas para elevar el precio de los trabajos y se habían pagado comisiones a quien proporcionaba los contratos. Ambos empresarios manifestaron que los sobreprecios y comisiones iban destinados a Vicente Conesa, y que éste decía que parte se entregaba a Eduardo Zaplana.
Pedían dinero y beneficios procesales
Según contaba la propia SER, los empresarios ofrecían "contar lo que saben, incluso en los medios de comunicación y a cambio piden dinero y un pacto con las acusaciones que les beneficie en el proceso judicial". La denuncia ante la Fiscalía contenía una transcripción aproximada de las manifestaciones realizadas por los citados empresarios, y junto a ella se aportó la cinta original en que fueron grabadas.
El contenido de esta querella fue ampliado el día 23 de mayo haciendo referencia a la entrevista publicada por el diario El Mundo con el querellante Moreno Carpio, en la que afirmaba que el diputado y también querellado José Camarasa le ofreció 1,8 millones de euros, contratos con ayuntamientos gobernados por su partido y ayuda ante la Fiscalía y la Agencia Tributaria a cambio de inculpar a Zaplana en el cobro de millonarias comisiones por las obras del parque. La representación legal de Eduardo Zaplana indicaba en su querella que el único propósito de los querellados fue el de "difamarle" y "deteriorar" su imagen pública mediante la difusión, a través de los medios de comunicación, del contenido de la denuncia que presentaron previamente ante la Fiscalía.