Ahora se ha sabido que la hija del ministro de Franco, José Solís Ruiz, que era concejala del partido de GIL en Estepona, Marta Solís, denunció días antes de dimitir a Carlos Barrientos, primo del ex alcalde, por extorsionar a uno de los directivos del hotel Kempinski, al que exigió el pago de 240.000 euros para mediar para facilitar le licencia de obras en un complejo turístico. Lo cuenta este miércoles ABC.
La ex concejala aseguró que se puso en contacto en varias ocasiones con el jefe del gabinete de Alcaldía, José Flores, y con el propio Antonio Barrientos, para denunciar la situación, aunque sus quejas no surtieron efecto. Según figura en el sumario, unos 10 millones de euros fue la cantidad que la empresa Sauer, responsable del hotel Kempinski, invirtió en la construcción de un centro de ocio de lujo ubicado en primera línea de playa en la zona de El Padrón. El propio Sauer aseguró que las nuevas instalaciones se levantaron sobre una parcela que el grupo adquirió en 1999, año en el que se inauguró el hotel bajo el gobierno del GIL.
Tras la recalifícación del terreno de rústico a urbano, Sauer comenzó a planificar el centro comercial en cuestión que cuenta con 30 tiendas exclusivas, un Club de Playa, una piscina climatizada a la orilla del mar, tres restaurantes y una cafetería. Este establecimiento, pese a estar en pleno rendimiento desde el verano de 2006, no posee licencia de apertura. Las valoraciones de los aprovechamientos urbanísticos están adjudicados, según informes externos al Ayuntamiento de Estepona, por debajo de su precio real de mercado y sin que ningún funcionario participase en la tasación.
Una parte muy sustancial de las valoraciones han sido realizadas por un ingeniero técnico de Obras Públicas, contratado a dedo y con el único mérito de haber concurrido a las elecciones municipales bajo las siglas del Partido Estepona. Todo ello pese a la existencia en la plantilla municipal de personal cualificado que, en otros periodos, han realizado esta misma labor.
Según los investigadores, «es evidente que mediante estas operaciones se han generado muchísimas plusvalías que, en algunas ocasiones, han servido al Ayuntamiento para esponsorizar algunas actuaciones y en la mayoría de los casos como vía de financiación totalmente al margen de los rigores y controles que tienen que realizar en cualquier administración pública». Por otro lado, en el sumario se indica que «muchos promotores de la localidad han sido extorsionados, literalmente, para abonar comisiones millonarias».
El PSOE disuelve la agrupación local de Estepona
A la vista de las revelaciones del caso Astapa, según las cuales, se habían repartido puestos de trabajo municipales para controlar la Asamblea local del PSOE, las ejecutivas malagueña y andaluza del PSOE han abierto conjuntamente el procedimiento para disolver la agrupación local del partido en Estepona (Málaga) a los pocos días del levantamiento del secreto del sumario La propuesta, que ya ha sido remitida a Madrid, deberá ser ratificada por la ejecutiva federal, y supone, de hecho, la expulsión del centenar de militantes socialistas de la localidad.
Según El País, la disolución de la agrupación implica también el fin de la gestora que ha gobernado la agrupación local desde julio de 2008, cuando se destapó la operación Astapa con la detención del entonces alcalde Antonio Barrientos. Ahora, una nueva gestora, liderada por el actual regidor, David Valadez, y en la que estarán también los ediles del partido no imputados en la causa contra la corrupción, deberá reconstruir la agrupación. Los militantes expulsados podrán volver a pedir el ingreso y no perderán la antigüedad.
Las escuchas telefónicas del sumario han sido decisivas. Los pinchazos demuestran que muchos de los militantes habían ingresado en el partido justo después de ser contratados a dedo en el Ayuntamiento. Las contrataciones irregulares garantizaban a los implicados el control de la agrupación local del partido y la posibilidad de confeccionar las listas electorales a su antojo. El sumario recoge alrededor de cincuenta casos de trabajadores municipales que los imputados utilizaban para controlar las asambleas socialistas. Ya no podrán hacerlo. Sin embargo, el PSOE no acepta la propuesta del PP de convocar elecciones en Estepona.