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Garzón excluye a Gorka Aguirre en su auto contra la red de extorsión etarra del bar Faisán

El juez Baltasar Garzón ha imputado este viernes a 24 presuntos miembros de ETA por delitos de integración en organización terrorista, amenazas terroristas y pertenencia a banda armada. A Gorka Aguirre (PNV), entre otros, le levanta las medidas cautelares al no encontrar indicios contra él.

Auto del Juez Garzón (174 Kb)
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El juez Baltasar Garzón ha imputado este viernes a 24 presuntos miembros de ETA por delitos de integración en organización terrorista, amenazas terroristas y pertenencia a banda armada. A Gorka Aguirre (PNV), entre otros, le levanta las medidas cautelares al no encontrar indicios contra él.
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(Libertad Digital) El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón retiró este viernes la imputación que pesaba contra el ex dirigente de Relaciones Internacionales del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Gorka Aguirre y a otras diez personas al no hallar indicios de que colaboraran con el aparato de extorsión de ETA. Por su parte, procesó a otras 24 personas por delitos de terrorismo, entre ellos al propietario del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Imanol Elosúa, y a seis directivos de la empresa Azcoyen.

En un auto hecho público este viernes, el magistrado ha imputado a 24 miembros de ETA por delitos de integración en organización terrorista, amenazas terroristas y pertenencia a banda armada. De estos 24 imputados, nueve de ellos deberán prestar declaración el próximo día 17 en la Audiencia Nacional y otros nueve el día 18.
 
Según el juez "la imputación se sustenta en sólidos indicios racionales de responsabilidad penal en contra de los ahora procesados y extraídos de la documentación intervenida a ETA". Los procesados están relacionados con delitos desempeñados por la banda para conseguir financiación.
 
Archiva la causa contra Aguirre
 
Garzón archiva la causa contra Aguirre al entender que, "a pesar de que ha mantenido una amplia relación a través de encuentros en diversos lugares y conversaciones con el dueño del bar Faisán de contenido aparentemente críptico e incriminatorio", su imputación se "ha desvirtuado" gracias a la declaración de la veintena de testigos promovida por su defensa.
  • "Gorka Aguirre, Arizmendi, quien ha mantenido una amplia relación, a través de encuentros en diversos lugares y conversaciones con Josefa Imanol Elosua Urbieta, constando algunas conversaciones con contenido críptico y aparentemente incriminatorio, lo que justificó su inclusión entre los encausados y la adopción de medidas cautelares contra el mismo, si bien con posterioridad y, tras las diligencias practicadas en esta causa, a instancia de la defensa se han desvirtuado en gran medida las imputaciones y que justifican la medida que se dirá en los Razonamientos Jurídicos y Parte Dispositiva de esta resolución".
 
El magistrado se refiere a que en mayo del año pasado el presidente del PNV, Íñigo Urkullu; el ex dirigente de esta formación Xabier Arzalluz; el responsable de la formación en Guipúzcoa, Joseba Egibar, y una decena de empresarios y periodistas declararon que Aguirre tenía la misión de informar a la dirección del PNV de los movimientos que realizaba la banda, ya que tenía muchos contactos en este mundo gracias a sus años de exilio en Francia.
 
En el auto, el magistrado también retira la imputación a José Ignacio Elosúa, hijo del propietario del bar Faisán; Pablo María Muñoz, ex director de EGIN-ETA; José Luis Areizaga, Antonio María Berasategui, Celestino Berasategui, Javier Caño, Javier Hernández, Nicolás Aguirre, Pedro María Garaygordobil y Justo Azcúe.
 
Faisán, clave en la red de extorsión
 
En cuanto a los procesamientos, Garzón concluye su instrucción de esta causa encausando a Joseba Imanol Elosúa por un delito de integración en organización terrorista y amenazas terroristas, al considerar que su establecimiento era utilizado por el aparato de extorsión de ETA, denominado Gezi, para "canalizar las distintas remesas de cartas de extorsión" que la banda enviaba a empresarios del País Vasco y Navarra. Allí, según el auto, se efectuaba la extorsión etarra.
 
Elosúa, según el auto hecho público este viernes, también colaboraba con miembros de ETA en el desarrollo de medidas que garantizaran la seguridad de las reuniones que se celebraban en su bar. Además, el juez considera acreditado que mantuvo reuniones con integrantes de la banda asesina para gestionar pagos y que participó como intermediario en la extorsión sufrida por varios empresarios.
 
El hostelero etarra, dice Garzón, también se dedicaba a la recopilación de información económica de empresas y personas físicas susceptibles de ser extorsionadas y colaboraba en la gestión de este tipo de campañas, según consta en el auto, que añade que mantenía operaciones financieras con personas vinculadas a ETA.
 
El juez imputa además estos mismos delitos de integración en organización terrorista y amenazas a María Soledad Iparraguirre, Amboto; Iñaki Arietaleaniz, Asier Mardones, Pedro Esquisabel, Kikitza Gil de San Vicente, Zigor Merodio, Ramón Sagarzazu y Jon Salaberría.
 
Procesados seis directivos de la empresa Azkoyen
 
Entre los procesados se encuentran seis directivos de la empresa Azkoyen, que entre 1995 y 2001 habría pagado a la banda un total de 37 millones de pesetas (222.374 euros) que fueron convertidos en divisas y entregados en la localidad francesa de Bert a dos personas no identificadas de la organización terrorista ETA.
 
En concreto, el magistrado imputa no haber cumplido el deber de denunciar la extorsión de la que estaban siendo objeto el ex director general de Azkoyen Ignacio Moreno; los ex miembros del consejo de administración Ignacio Orbaizeta, José María Careaga, Francisco Elizalde, Ricardo Armendáriz; y el ex jefe de Contabilidad de esta empresa, Jesús Marcos Calahorra.
 
También procesa por colaboración y amenazas a Juan José Arruti, Jean Piere Haracorene, Alfonso Martínez de Lizarduy y Emilio Castillo, y únicamente por el primer delito a José Carmelo Luquin, Ignacio Aristizabal, Jesús Iruretagoyena, José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui.
 
Según Garzón, tanto Azpiroz y como Saralegui son dos constructores que en 2006 pagaron a ETA 54.000 euros haciendo constar que realizaban la aportación de forma voluntaria y que se les había requerido cinco años antes.
 
El instructor justifica su imputación porque considera "la posible carga coactiva o amenaza que podría haber existido "desaparece y se transforma en un acto consciente y voluntario, con el cual se está contribuyendo al desarrollo de la actividad criminal de la banda".
 
El "chivatazo" a ETA
 
En otro sumario, que se separó de esta causa, Garzón investiga el llamado "chivatazo" a ETA que sirvió para alertar a la organización terrorista sobre una operación policial contra su red de chantaje el 20 de junio de 2006, tres meses después de declararse el último alto el fuego y en plena negociación con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde entonces, el caso duerme en el cajón de la mesa de Garzón. El juez no ha aclarado quién alertó a Josefa Elosua de la operación. Garzón sólo se ha pronunciado para exculpar a Fernando Mariscal, el jefe de Seguridad del PSOE desde cuyo teléfono se realizó una llamada aquél 4 de mayo a un comisario de San Sebastián.  

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