El defensor del juez Baltasar Garzón en la causa por la que será juzgado en el Tribunal Supremo por una presunta prevaricación cometida al investigar los crímenes franquistas, Gonzalo Martínez-Fresneda, solicita la libre absolución del magistrado de la Audiencia Nacional por no constituir los hechos denunciados, en su opinión, delito alguno. También requiere la presencia en el juicio de todos los testigos que fueron rechazados durante la instrucción, entre ellos varios expertos internacionales en temas de jurisdicción universal.
El letrado presentó este jueves ante el alto tribunal su escrito de defensa de cara al juicio, que consta de 140 folios en los que defiende la legalidad de todas las resoluciones que adoptó Garzón en relación con las denuncias que presentadas por diversas asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica desde diciembre de 2006, que a su juicio se engloban en el ámbito de los crímenes contra la Humanidad.
El abogado reitera además sus quejas sobre la situación de "indefensión" sufrida por esta parte al tener que presentar sus conclusiones provisionales cuando aún quedan por resolver por hasta seis recursos que afectan a la nulidad de todo el procedimiento.
Concretamente, la Sala aún no ha dado respuesta a la petición de la defensa de Garzón para que se anulen los autos por los que el instructor de la causa, el magistrado Luciano Varela, otorgó plazo a las acusaciones populares para que enmendaran sus escritos de acusación, petición a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, que no acusa a Garzón en este procedimiento.
Garzón alega indefensión
También está pendiente el recurso planteado por Gonzalez-Fresneda contra la denegación de pruebas solicitadas por la defensa de Garzón, y otro contra la negativa de la Sala de apartar de la causa a Varela, contra quien Garzón planteó dudas de parcialidad. Finalmente, la Sala debe resolver dos recursos plateados por Falange Española y de las JONS contra la decisión de Varela de apartarla de la causa por no entregar escrito válido en plazo.
Por ello, el abogado anuncia a la Sala que se encargará de juzgar a Garzón que de no prosperar ninguno de estos resursos antes de que se fije el incio de la vista reproducirá sus peticiones en el trámite de cuestiones previas, alegando vulneración de derechos fundamentales.
Además de insistir en la invalidez del escrito de acusación de Manos Limpias -que solicita 20 años de inhabilitacion para el juez Garzón-, Martínez Freneda plantea una vulneración del derecho fundamental a conocer la acusación formulada, así como la falta de legitimación de esta acusación popular para promover en solitario la apertura de juicio.
Añade que de las decisiones de Garzón sobre la investigación de las fosas "no se ha derivado perjuicio alguno para ninguna persona física o jurídica". También alega la defensa la existencia de una vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, tras ser rechazados todos los testigos y todas las pruebas documentales que propuso en su día, por lo que pide que se tengan en cuenta para el desarrollo de la vista oral.
"Es indudable que esa manera de terminar la instrucción de este procedimiento, sin dar la oportunidad a la defensa del juez Garzón de practicar ni una sola diligencia de prueba y sin darle la oportunidad de acudir en Alzada ante la Sala para exponer sus razones antes de que la instrucción estuviera finalizada, han generado una indefensión evidente, con consecuencias muy graves, ya que el auto de apertura de juico oral dictado en esas condiciones ha supuesto la suspensión en sus funciones de mi representado", alega el letrado en su escrito.
42 testigos
En total, solicita la citación de 42 personas para que declaren en defensa de Garzón, con intención de demostrar que el contenido de las resoluciones adoptadas por el juez hasta que en noviembre de 2008 tomó la decisión de inhibirse en favor de los juzgados territoriales "no son extravagantes ni están notoriamente alejadas de una interpretación al uso".
El objetivo del abogado es "probar el hecho de la existencia de una amplia corriente de opinión y doctrinal relacionada con la aplicación del Derecho Penal Internacional (...), los compromisos adquiridos por la Comunidad Internacional para la reparación de las víctimas de los crímenes cometidos en el contexto de crímenes contra la Humanidad y castigo a los culpables y la práctica de la persecución internacional de estos crímenes".
Así, se reclama el testimonio de la embajadora de Suiza en la República Argentina, Carla del Ponte, en su condición de antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de la ONU y fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. También se pide la comparecencia de otros expertos internacionales como el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país suramericano, así como el que fuera juez de instrucción en Santiago de Chile cuando se abrieron varias causas contra la dictadura de Augusto Pinochet y ordenó la exhumación de cadáveres, Juan Guzmán Tapia.
Otros expertos demandados coordinador del Programa de Justicia Internacional de Amnistía Internacional, Hugo Relva; el catedrádito de Derecho Penal de la Universidad de Gerona Hernán Hormázabal Malarée; el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sergio García Ramírez, y el presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones referidas a la inaplicabilidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Eduardo Freiler.
Además, el abogado de Garzón pide también la declaración de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que realizaron un voto particular en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de éste órgano de declararle incompetente para estudiar el denominado caso de las fosas. Se trata de José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel.
Entre los testigos reclamados también está Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción, en su condición de miembro del grupo de expertos que él mismo designó para la investigación de esta causa; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza; y de los abogados Joan Garcés y Fernando Magán, que representan a los familiares de los desaparecidos.