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Griñán avisa que si el estatuto catalán es inconstitucional, el andaluz también lo será

El presidente andaluz también ha querido opinar sobre la sentencia del Estatuto catalán por parte del Tribunal Constitucional. José Antonio Griñán ha avisado de que si el texto catalán es declarado inconstitucional, el estatuto andaluz también debería serlo.

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José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, salta de jardín a jardín y ahora, desde el batacazo de la deuda histórica. ha caído de lleno en el jardín del Estatuto catalán, con el que, prácticamente, ha identificado al Estatuto andaluz hasta tal punto que ha dado a entender que si el Estatuto catalán es declarado inconstitucional también será inconstitucional el estatuto de Andalucía.

Lo que dijo Griñán a Javier Arenas, en sede parlamentaria, fue lo que sigue: "¿De verdad se cree que el Tribunal Constitucional va a declarar inconstitucionales 126 artículos del Estatuto de Cataluña? ¿Cuántos son inconstitucionales entonces en el Estatuto de Andalucía, que son exactamente los mismos que los de Cataluña?".

Al parecer, Griñán no ha tenido en cuenta que esa sí fue la realidad del primer texto elaborado por PSOE e IU para el Estatuto de Andalucía, pero no la del proyecto definitivo que fue revisado por exigencia del PP andaluz que impulsó la reforma de más de un centenar de artículos hasta lograr que el texto fuera constitucional en su totalidad.

Fuentes del PP recordaron este jueves a ABC que cuando en septiembre de 2006 el proyecto de Estatuto aprobado por el Parlamento andaluz llegó al Congreso de los Diputados, delegaciones del PSOE, de los populares y de IU, pulieron gran parte el articulado hasta convertirlo en plenamente constitucional. De las mencionadas delegaciones formaron parte Alfonso Perales, ya fallecido; Ramón Jáuregui, Federico Trillo, Soraya Sáez de Santamaría o Gaspar Llamazares.

Sólo la Comunidad de Extremadura ha cuestionado la constitucionalidad del Estatuto andaluz por el traspaso del Guadalquivir. El Estatuto catalán, por contra, ha sido recurrido por el PP, el Defensor del Pueblo y por cinco comunidades autónomas.

Como recuerda La Razón, el Estatuto de Cataluña entró en vigor el 8 de agosto de 2006. Nueve días antes, el PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, al que se sumaron más tarde otros cinco: el del Defensor del Pueblo y los de los Gobiernos de Murcia, Aragón, Valencia y Baleares, todos por diferentes motivos. Más de tres años después sigue sin existir sentencia.

Por su parte, el Estatuto andaluz entró en vigor el 20 de marzo de 2007 y desde el principio se criticó su semejanza con el de Cataluña. Sin embargo, sólo hay un recurso pendiente: el de la Junta de Extremadura, que considera que el texto vulnera la Carta Magna al atribuirse competencias exclusivas sobre la cuenca del Guadalquivir. El Constitucional no admitió a trámite otra denuncia del Gobierno de Valencia sobre el sistema de financiación.

Añade el periódico del grupo Planeta que "una sentencia que señalara que varios artículos del Estatuto catalán son anticonstitucionales no tendría que extrapolarse jurídicamente al andaluz, por muy parecidos que sean uno o varios de los artículos en cuestión. Otra cosa sería la repercusión política, ya que desde Cataluña se examinaría con lupa, de nuevo, el articulado aprobado por el Parlamento de Andalucía, y ratificado tanto por el Congreso de los Diputados como por el pueblo andaluz mediante referéndum. "

El papel del PP en el Estatuto andaluz

El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, ha dicho muchas veces que si ambos textos fueran iguales, él no hubiera presentado el recurso ante el TC por el Estatuto catalán. Javier Arenas manifestó en su momento que Chaves estaba interesado en que el Estatuto andaluz fuera inconstitucional como el catalán para "tapar las vergüenzas de Zapatero con el nacionalismo radical en Cataluña".

Mientras el PP llevó el texto catalán a los tribunales, en el Congreso aprobó el andaluz, ya que consideró que éste sí respetaba el marco constitucional.

Recuérdese que el PP-A no impulsó la reforma del texto estatutario de Carmona vigente hasta entonces. El PP se sumó a su reforma una vez que el Gobierno de Chaves tenía ya pactado un texto con IULV-CA. La intervención del PP permitió cambiar hasta 150 artículos que sí eran inconstitucionales, según Arenas.

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