El comisario de confianza de Rubalcaba, designado para controlar todas las investigaciones a cargos públicos, se enfrenta así a una querella por presuntos delitos de denuncia falsa, detención ilegal, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos, contra la inviolabilidad domiciliaria y "demás garantías de la intimidad", publica el diario de Intereconomía.
Esta denuncia sitúa a Juan Antonio González García, comisario general de la Policía Judicial, en una situación comprometida, al tener que declarar como imputado ante el magistrado Mariano Ascondi, titular del juzgado de instrucción número 28 de Madrid. No obstante, la mencionada denuncia -presentada en diciembre del 2009- extiende también la responsabilidad de los delitos también a sus superiores, ayudantes y colaboradores.
Los querellantes son cuatro hombres y una mujer que, según rememora La Gaceta, en 2005 fueron objeto de una investigación que pretendió involucrarles en un delito de tráfico de drogas, cohecho y dos de intento de secuestro. Este proceso fue iniciado por Santiago Pedraz, en el juzgado número 1 de la AN. La investigación policial del proceso fue llevada a cabo por Juan Antonio González.
Estas cinco personas, de nacionalidad británica y española, explican en el diario que vienen "colaborando con las fuerzas de seguridad desde fechas remotas. Nuestra labor se centra en proporcionar a los servicios de inteligencia información sobre delincuencia internacional y terrorismo".
La Gaceta publica el origen de esa cadena de acontecimientos, que derivan en la querella que da título al artículo.
Los hechos se remontan a 2005, cuando los informadors facilitaron a su enlace con el CNI un informe sobre Óscar Benavente, un testaferro de Juan Antonio Roca. Se deducía que las empresas investigadas podían estar blanqueando dinero. "El blanqueo de dinero se relaciona en muchas ocasiones con la financiación del terrorismo y por esa razón se remitió la información al CNI", explican en el diario.
Fue entonces cuando la situación se complicó, después -matizan las fuentes- de haber "mandado información al CNI sobre una organización ilegal muchísimo más grande y poderosa de lo que podíamos imaginar".
Cuando posteriormente se inició la operación Malaya, se dictaminó que Juan Antonio Roca tenía importantes contactos tanto en la central de inteligencia como entre miembros de alto nivel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La investigación de esos hechos se reveló peligrosa tanto para el entorno de Roca como para los miembros de la Policía implicados en los hechos delictivos en España e Inglaterra, donde se cree que Roca puede tener invertidas cantidades ingentes de dinero. Entonces, dicen las fuentes del diario, se tornó necesario para las autoridades "destruir a nuestro grupo con objeto de que dicha información fuera cortada de raíz", que fue lo que sucedió.
Según La Gaceta, sólo estos miembros de alto nivel de las fuerzas de seguridad podían "manipular datos" y hacer "imputaciones falsas" a ese nivel.
En la querella se hace eco de la intervención de la Udyco de una de las agendas de Roca, donde decía "JAG (Francisco de Paula) comisario de Marbella", junto a una anotación de 200.000 euros". Y apunta, como bien es sabido, que "la prensa informa que este misterioso JAG podía coincidir con las iniciales de Juan Antonio González".
Hay otros dos hechos apuntalaron las sospechas del grupo acerca de la persecución por parte de las altas instancias policiales. Uno es la interceptación de correos entre uno de ellos y un agente del CNI sin que constase en los informes. Y otro, que España solicitó la intervención policial de las fuerzas inglesas para registrar en Londres la oficina de uno de ellos, lo que hicieron nada menos que 15 policías durante diez horas. Tiempo después la propia policía inglesa preguntó a la española sobre el objeto del registro, sin obtener más que silencio como respuesta.
Transcurridos los primeros meses, en noviembre de 2005, la implicación de los querellantes en una trama de tráfico de drogas se descartó al ser detenidos los auténticos responsables. Pero entonces el grupo de JAG trasladó al juez la hipótesis de que los investigados podían estar relacionados con un delito de cohecho y dos intentos de secuestro, lo que motivó a Pedraz a trasladar la investigación a los juzgados de Marbella.
González solicitó entonces dirigir personalmente los interrogatorios, que finalmente ejecutó De Paula. Después se ordenó el archivo y sobreseimiento de la causa.
Aún hoy, este grupo de cinco informadores españoles y británicos, según La Gaceta, intenta localizar el sumario original a partir del que las sospechas recayeron sobre ellos. Dado que el origen era una investigación sobre narcotráfico que implicaba a Holanda, el sumario fue trasladado –supuestamente- allí, pero las autoridades holandesas aseguran que no hay información sobre el caso en su poder. El sumario está desaparecido.
Aún hay más: la persistente demora de Asuntos Internos en las respuestas e informes que le son solicitados desde el juzgado de instrucción número 28 de Madrid, y la insistencia en que la investitación sobre las siglas de la Policía concluye que no se "habían encontrado indicios que permitieran establecer de una manera consistente, rigurosa y objetiva", la vinculación de esas letras con Juan Antonio González.