Menú

Justicia equipara a los gobiernos de España y Cataluña en la negociación para transferir las competencias notariales

Con una reunión celebrada entre el secretario de Estado de Justicia y la consejera del Ejecutivo autonómico han comenzado las negociaciones para transferir a Cataluña varias competencias sobre notarías y registros, entre ellas la de la convocatoria de oposiciones. Aceleran así el cumplimiento de uno de los artículos del Estatuto pese a que el texto se enfrenta a varios recursos en el Constitucional que podrían acabar invalidándolo. Lo más revelador, sin embargo, no son las nuevas competencias que adquiriría la Generalidad sino el título que encabezó el encuentro: "Declaración conjunta sobre las actuaciones de los gobiernos de España y Cataluña".

Con una reunión celebrada entre el secretario de Estado de Justicia y la consejera del Ejecutivo autonómico han comenzado las negociaciones para transferir a Cataluña varias competencias sobre notarías y registros, entre ellas la de la convocatoria de oposiciones. Aceleran así el cumplimiento de uno de los artículos del Estatuto pese a que el texto se enfrenta a varios recursos en el Constitucional que podrían acabar invalidándolo. Lo más revelador, sin embargo, no son las nuevas competencias que adquiriría la Generalidad sino el título que encabezó el encuentro: "Declaración conjunta sobre las actuaciones de los gobiernos de España y Cataluña".
(Libertad Digital) El documento en el quedaron recogidas las conclusiones de la reunión entre Julio Pérez Hernández, Secretario de Estado de Justicia, y Montserrat Tura, consejera de Justicia, está encabezado por el título "Declaración conjunta sobre las actuaciones de los gobiernos de España y de Cataluña para implementar las nuevas competencias de la Generalidad de Cataluña en materia de registros y notarías". Unas palabras en las que queda reflejada la equiparación entre los dos Ejecutivos en un texto oficial, en el que el el Gobierno español se alude en todo momento con el término "Gobierno del Estado".
 
La reunión pretendía acelerar los cambios legislativos para aplicar uno de los artículos del nuevo Estatuto, el 147, que se refiere a las nuevas competencias sobre notarías y registros. Entre ellas, la convocatoria de oposiciones por parte del Ejecutivo catalán en que quede acreditado el "conocimiento de la lengua y el derecho catalanes", la elaboración de los programas y el establecimiento de "las demarcaciones notariales y registrales".
 
Los representantes del Gobierno español y del Ejecutivo autonómico se comprometieron, según el documento, a modificar las "normas estatales" que se reservaban la "competencia exclusiva" de esta materia para hacer efectivo este artículo del Estatuto. Para ello fijan un plazo de tres meses para emprender todos los cambios legales necesarios. Unas reformas que podrían quedar sin efecto si el Constitucional decide rebajar el contenido del Estatuto pero que se han decidido acelerar pese a que el texto catalán está pendiente de revisión en el Alto Tribunal.

Temas

0
comentarios