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La Abogacía y la Fiscalía del Estado presentan ante el Supremo sus demandas para ilegalizar a ASB

Como estaba previsto, la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado han interpuesto ante la Sala 61 del Supremo sus demandas de ilegalización contra Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), las nuevas siglas de la formación de Otegi. En ambos documentos se indica que el partido es "fraudulento" por ser continuidad de Batasuna-ETA. Es imprescindible que el Supremo dicte una resolución antes del día 18 de abril, cuando comienza el plazo para la presentación de candidaturas a las elecciones de mayo. Los batasunos ya han advertido que esta no es su única baza para estar en los comicios.

Como estaba previsto, la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado han interpuesto ante la Sala 61 del Supremo sus demandas de ilegalización contra Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), las nuevas siglas de la formación de Otegi. En ambos documentos se indica que el partido es "fraudulento" por ser continuidad de Batasuna-ETA. Es imprescindible que el Supremo dicte una resolución antes del día 18 de abril, cuando comienza el plazo para la presentación de candidaturas a las elecciones de mayo. Los batasunos ya han advertido que esta no es su única baza para estar en los comicios.
L D (Agencias) El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, fue el encargado de interponer ante la sala del 61 de este tribunal su demanda de ilegalización de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) por considerar que existen elementos suficientes para demostrar que esta nueva formación es sucesora de la ilegalizada Batasuna.

Martín-Casallo, coordinador de la actividad del Ministerio Fiscal de cara a las próximas elecciones del mes de mayo, presentó la demanda a las 11.20 horas, cerca de media hora después de que lo hiciera la Abogacía del Estado, que también solicitó al Supremo que impida la constitución de ASB como partido por considerar "fraudulenta" a esta formación.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró que Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) no es un nuevo partido político que "aporte un cauce pacífico" al sector político del que procede Batasuna-ETA. "Sencillamente es la misma fuerza política, a la que se pretende dar un pequeño barniz" para poder concurrir a las próximas elecciones, destacó.

Conde-Pumpido hizo esta afirmación en la rueda de prensa que ofreció para explicar las líneas generales de la demanda que presentó la Fiscalía General del Estado ante la sala del 61 del Tribunal Supremo, solicitando que se impida la constitución de ASB como partido por considerarlo sucesor de Batasuna-ETA.

El fiscal general, acompañado por los autores del escrito –el teniente fiscal del Tribunal Supremo, José Antonio Martín-Casallo, y la jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Elvira Tejeda,– indicó que la demanda se sostiene en "cuatro pilares fundamentales" derivados de la Ley de Partidos y de la sentencia de ilegalización de Batasuna dictada por el TS.

En primer lugar, se ha apreciado que, "desde su encabezamiento", ASB es "manifiestamente ilegal", ya que la utilización del término Batasuna contraviene la Ley de Partidos, que "impide reutilizar los nombres de las formaciones ilegalizadas". La ilegalización de Batasuna "es irreversible y no se podrá presentar a las elecciones en ningún caso", advirtió.

Como segundo pilar de la demanda, "se encuentra el indicio relativo a los promotores", que "son tres personas, de las cuales, al menos dos, pertenecen a la Mesa Nacional de HB", Joana Regueiro y Marije Fullaondo, y esta última además está imputada por un delito de integración en organización terrorista.

En tercer lugar, manifestó, "nos encontramos" con un intento de "trasplantar" los órganos del partido ilegal a la nueva fuerza política "de una manera tan mimética que, incluso, su órgano principal de dirección se denomina Mesa Nacional" y cuenta con 35 miembros que "son los mismos" que tiene la Mesa Nacional de Batasuna-ETA.

Como cuarto pilar de la demanda, recordó que "la ley pide a los tribunales que valoren cualquier indicio de proximidad a la lucha armada, a la violencia, y resulta que la promotora principal, María Jesús Fullaondo", se encuentra imputada por integración en banda armada.

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