LD (Agencias) La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la sala de lo penal de este tribunal que resuelva el recurso contra la decisión del juez Baltasar Garzón de investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo sin esperar a que el magistrado se pronuncie sobre el asunto.
Fuentes jurídicas han informado de que el pleno de la sala de lo penal ha estudiado la petición de la Fiscalía y ha acordado darle trámite sin esperar a que Garzón delibere sobre el asunto. Dichas fuentes han añadido que los magistrados se reunirán dentro de unos quince o veinte días para tomar una decisión. En su escrito, la Fiscalía -que presentó su recurso en el Juzgado de Garzón para que éste lo remitiera a la sala de lo penal- justifica su solicitud ante el temor de que el juez -que ya ha ordenado la práctica de diversas diligencias, como la apertura de fosas- retrase ese envío.
El Pleno ha dado traslado a las partes de un incidente de competencia presentado por el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, directamente a la Sala de lo Penal en el que considera que el juez instructor "carece manifiestamente" de atribución "objetiva y funcional" para investigar estos hechos. Por ello, ha promovido "el incidente previsto por el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", que establece que, "si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal el Ministerio Fiscal entendiera que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrá reclamar ante el tribunal superior al que corresponda (...), el cual resolverá de plano y sin ulterior recurso".
Segundo revés para Garzón
Si la sala de lo penal acepta la petición del fiscal, quedaría sin efecto la maniobra jurídica por la que Garzón transformó el procedimiento en sumario -se abrió bajo la fórmula de diligencias previas- para obligar al Ministerio Público a presentar un recurso de reforma, que tiene que resolver él mismo antes de que el asunto sea visto por la instancia superior.
Este lunes la Fiscalía interpuso un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal y no ante el juez Baltasar Garzón , contra la decisión de éste de declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. En un comunicado, la Fiscalía de la Audiencia afirmó que los órganos competentes para investigar estos hechos son "los Juzgados de cada territorio donde se perpetraron semejantes atrocidades". A su juicio, la Ley de Memoria Histórica "es el cauce idóneo para el restablecimiento y la tutela de los derechos de las víctimas".
El pasado día 16 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón emitió un auto en el que se declaró competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975), al estimar que se trata de un delito que encaja en el contexto de crímenes contra la humanidad. En un auto de 68 páginas (que primero fueron diligencias previas que el juez convirtió seguidamente en sumario) en el que admite a trámite las denuncias de 22 asociaciones ( todas ellas republicanas) de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista, Garzón autoriza exhumaciones en 19 fosas localizadas en toda España, entre ellas la del poeta Federico García Lorca, en la que supuestamente se encontrarían los restos del abuelo de una denunciante.
Fuentes jurídicas han informado de que el pleno de la sala de lo penal ha estudiado la petición de la Fiscalía y ha acordado darle trámite sin esperar a que Garzón delibere sobre el asunto. Dichas fuentes han añadido que los magistrados se reunirán dentro de unos quince o veinte días para tomar una decisión. En su escrito, la Fiscalía -que presentó su recurso en el Juzgado de Garzón para que éste lo remitiera a la sala de lo penal- justifica su solicitud ante el temor de que el juez -que ya ha ordenado la práctica de diversas diligencias, como la apertura de fosas- retrase ese envío.
El Pleno ha dado traslado a las partes de un incidente de competencia presentado por el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, directamente a la Sala de lo Penal en el que considera que el juez instructor "carece manifiestamente" de atribución "objetiva y funcional" para investigar estos hechos. Por ello, ha promovido "el incidente previsto por el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", que establece que, "si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal el Ministerio Fiscal entendiera que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrá reclamar ante el tribunal superior al que corresponda (...), el cual resolverá de plano y sin ulterior recurso".
Segundo revés para Garzón
Si la sala de lo penal acepta la petición del fiscal, quedaría sin efecto la maniobra jurídica por la que Garzón transformó el procedimiento en sumario -se abrió bajo la fórmula de diligencias previas- para obligar al Ministerio Público a presentar un recurso de reforma, que tiene que resolver él mismo antes de que el asunto sea visto por la instancia superior.
Este lunes la Fiscalía interpuso un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal y no ante el juez Baltasar Garzón , contra la decisión de éste de declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. En un comunicado, la Fiscalía de la Audiencia afirmó que los órganos competentes para investigar estos hechos son "los Juzgados de cada territorio donde se perpetraron semejantes atrocidades". A su juicio, la Ley de Memoria Histórica "es el cauce idóneo para el restablecimiento y la tutela de los derechos de las víctimas".
El pasado día 16 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón emitió un auto en el que se declaró competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975), al estimar que se trata de un delito que encaja en el contexto de crímenes contra la humanidad. En un auto de 68 páginas (que primero fueron diligencias previas que el juez convirtió seguidamente en sumario) en el que admite a trámite las denuncias de 22 asociaciones ( todas ellas republicanas) de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista, Garzón autoriza exhumaciones en 19 fosas localizadas en toda España, entre ellas la del poeta Federico García Lorca, en la que supuestamente se encontrarían los restos del abuelo de una denunciante.