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La Asamblea extremeña se gasta más de 300.000 euros en el despacho de Ibarra

La Asamblea de Extremadura lleva gastados en el último año más de 300.000 euros en la reforma del despacho del ex presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, según informa El Mundo. El piso, dotado de la más moderna tecnología y medidas de seguridad, es uno más de los casos de uso privilegiado de fondos, como el tuneo del coche de Benach y el despacho de Touriño.

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Rodriguez Ibarra. Archivo.
(Libertad Digital) El despacho de Ibarra en Mérida es definido por El Mundo como una verdadera habitación del pánico de 64 metros cuadrados. Dotada de puertas y ventanas blindadas, detectores de metales y circuitos externos internos de vigilancia televisiva, la planta baja está situada en un inmueble residencial del transitado barrio de Nueva Ciudad de la capital extremeña, según datos catastrales. La constructora extremeña Moleón alquila al Parlamento la vivienda, y existe la posibilidad de que la institución adquiera el inmueble entero.
 
De ese modo, el ex presidente pretende esquivar cualquier intento de ataque terrorista. La reforma ha sido llevada a cabo por una serie de técnicos y empresas procedentes de Madrid, y los gastos resultantes, aprobados por el Parlamento extremeño en los últimos meses bajo el apartado de "adaptación y seguridad". La partida no se ha podido hacer pública.
 
Sin embargo, y según señala El Mundo, la Asamblea Regional aprobó el pasado 22 de octubre la última factura, que asciende a un total de 14.000 euros, para proseguir con la reforma del despacho. Hasta la fecha la misma alcanza ya los 300.000 euros, todos ellos procedentes del presupuesto de la Cámara. En la nota también figuran el mobiliario y material de oficina de los empleados que trabajarán en el despacho. Hasta 600.000 euros tiene previsto desembolsar el Parlamento si decide hacerse en propiedad con la oficina.
 
Rodríguez Ibarra trabaja como profesor en la Universidad de Extremadura. Se retiró de la vida política en 2007, tras las elecciones autonómicas. También dispone de un coche oficial y un gabinete propio en esa oficina, formada por un director, un asesor, un secretario y un chófer. Son los privilegios incluidos en el estatuto aprobado el 29 de marzo de 2007 en un Pleno de la Asamblea que contó con los votos del PSOE y PP. También se aprobó una ley exclusiva para que este tipo de ventajas se apliquen no sólo a Ibarra, sino a los futuros ex presidentes de la comunidad.
 
En el barrio, según afirma El Mundo, ya esperan a su nuevo vecino. Nada más comenzar las obras se prohibió aparcar delante del edificio, a pesar de que esto se ha podido hacer siempre: más aún cuando a escasos metros se encuentra el hospital de Mérida, y no sobran las plazas de aparcamiento. Se han multiplicado los conductores multados por aparcar enfrente del despacho del ex presidente regional.
 
"Hay personas que me tienen ganas"
 
No es la primera vez que Ibarra manifiesta su tendencia a disponer de un equipo de colaboradores o de medios excesivos. En marzo de 2007 ya lo justificó afirmando que "no creo que deba ser mi mujer la que tenga que coger el teléfono. Tampoco creo que sea un dispendio para los extremeños". Según publica El Mundo, Ibarra cree que "hay personas que me tienen ganas, y aquellos que me tienen ganas al final matan", lo que justifica la contratación de medidas de seguridad.
 
La ley aprobada en 2007 concede a Ibarra el privilegio de ser tratado como "presidente" de forma vitalicia, y el derecho de recibir durante 12 años una asignación mensual equivalente al 80 por ciento de su sueldo, que sólo se reducirá al 60 por ciento cuando tenga 65 años. Durante el último año como presidente, Ibarra reconoció haber percibido 59.344 euros.
 
En mitad de la polémica por la aprobación de estos fondos vitalicios, Ibarra renunció a su sueldo como presidente pero no a los privilegios, y anunció que se conformaba con el salario de profesor universitario y las conferencias que tuviera previstas. "Esto no es una ley hecha para mí", afirmó. "Hay que pensar en otros futuros presidentes que no sean funcionarios y que hayan tenido que dejar su trabajo para incorporarse a la política, porque, cuando terminan su mandato, no van a poder volver a su trabajo anterior".

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