(Libertad Digital) El sindicato de policía ha iniciado una campaña de solidaridad con el inspector Antonio Parrilla, en la cárcel desde el pasado día 5 después de haber estado encerrado en un calabozo durante seis días por una acusación de revelación de secretos. En concreto el juez del Olmo ha enviado a la cárcel al inspector por hablar con un periodista de El Mundo, aunque en el auto en el que relata los hechos reconoce que no sabe de qué hablaban.
La CEP también ha querido aclarar que para adoptar medidas similares con el otro imputado, Celestino Rivera, necesitan la autorización expresa del sindicato al que está afiliado. En este sentido, según ha podido saber Libertad Digital, el agente Rivera renunció a una defensa proporcionada por su sindicato (UFP). Este miércoles, la aletrada que le representa le comunicara la intención de CEP de cubrir su fianza si se le da permiso expreso y la cantidad recaudada es suficiente.
El juez de la Audiencia Nacional que también se ha encargado de instruir el 11-M, y que ya se ha inhibido del caso de los policías, impuso una fianza de 150.000 euros al inspector, una cantidad desproporcionada con el delito si se tiene en cuenta que los principales implicados en el caso Malaya pagaron 60.000 euros.
La CEP señala que es "imposible para cualquier funcionario público" pagar esa cantidad, pese a que las fianzas deben estar relacionadas con la capacidad del acusado para hacerlas frente. El sindicato también recuerda que la fianza es "significativamente más elevada que la que se impuso al líder de la ilegalizada Batasuna y procesado por pertenencia a banda terrorista y con un riesgo de fuga ciertamente más evidente, Arnaldo Otegi". El juez ha seguido adoptado decisiones en este caso pese a no ser competente y tras pedirle la fiscalía que se inhiba.