LD (Pedro de Tena) La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto una investigación para dictaminar si hubo delito en el caso Chaves. Concretamente, el Ministerio Público averiguará si el actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, cometió un delito de tráfico de influencias al ratificar una subvención de más de 10 millones de euros, cuando aún era jefe del Ejecutivo autonómico, a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), de la que es apoderada su hija, Paula Chaves Iborra. Lo ha contado El Mundo que añade que las diligencias de investigación (40/2009) se han abierto a raíz de la denuncia presentada el día anterior, 8 de junio, por Manos Limpias.
El sindicato de funcionarios también ha emprendido una acción en la vía administrativa contra el actual vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial. La denuncia está fundamentada, precisamente, en el propio criterio que fijó la Fiscalía del TSJA cuando, en octubre de 2006, archivó su denuncia contra Leonardo Chaves González -hermano del ex presidente andaluz y entonces director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas de la Junta- por delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias al adjudicar una obra a una empresa (Climo Cubierta) a la que asesoraba otro hermano Chaves (Antonio José).
La resolución del Ministerio Público, firmada por Luis Salcedo Faura, acabó entonces eximiendo a Leonardo Chaves con el argumento de que éste no habría incurrido en incompatibilidad al firmar aquella adjudicación porque, cuando ésta se produjo, su hermano Antonio José ya no figuraba (al menos formalmente) como apoderado de la empresa que se hizo con el contrato. El propio fiscal admitió en su decreto de archivo que, si se hubiera dado esa coincidencia temporal, es decir, que la adjudicación se hubiese producido cuando Leonardo Chaves era director general y Antonio José todavía era apoderado de la empresa, sí se habría dado una situación de incompatibilidad.
Aplicado ese mismo argumento al caso de la subvención en favor de Matsa, se estaría ante una supuesta vulneración de la Ley de Incompatibilidades, ya que Manuel Chaves, como presidente andaluz, aprobó en Consejo de Gobierno la ratificación del incentivo a favor de la empresa minera, siendo su hija Paula apoderada de la sociedad beneficiaria y, por tanto, la encargada de gestionar y firmar la ayuda.
Se trata de la primera acción interpuesta ante los tribunales a raíz de que se desvelara que el Ejecutivo andaluz concedió un incentivo de 10,1 millones de euros a Matsa, sin que Manuel Chaves se hubiera inhibido de firmarlo cuando se ratificó en el Consejo de Gobierno, el pasado 20 de enero, como exige la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.