L D (Europa Press) En un escrito de 29 folios presentado este miércoles, el Ministerio Público entiende que tiene prioridad para investigar este bombardeo el Estado en el que sucedieron los hechos, por lo que recurre así la decisión del magistrado, que el pasado lunes decidió dar continuidad a la causa.
"Procede la revocación del auto recurrido, dejar sin efecto la competencia para el conocimiento de los hechos objeto de la misma debido al carácter preferente de la jurisdicción del Estado que está conociendo de los hechos y acordar el archivo de las actuaciones", dice el recurso de apelación firmado por Pedro Martínez y dirigido a la Sala a la que corresponde ahora tomar una decisión al respecto.
En sus argumentos el Ministerio Público reprocha al juez Andreu que carece de "un mínimo rigor sistemático ya que examina primero la competencia de España en estos hechos para después determinar si existen procedimientos judiciales en otros países por estos mismo hechos".
La Fiscalía ya solicitó el archivo provisional de la causa a principios de abril al considerar que España no puede actuar como "una tercera instancia penal". El Ministerio Público defendía que el ataque había sido objeto de una triple revisión, efectuada por el Fiscal General Militar, el Fiscal General del Estado de Israel, y el Tribunal Supremo, que designó una investigación sobre los hechos a una Comisión integrada por altos mandos militares israelíes
Además, el Ministerio Fiscal aprecia en el recurso hecho público hoy una "interpretación oportunista" del juez al entender que concede a la citada Comisión "una finalidad dirigida al análisis militar o de seguridad olvidando su origen judicial". El escrito acusa al magistrado de intepretar de forma "errónea" la naturaleza de los órganos judiciales israelíes y achaca esta postura –"tras la que late una desconfianza absoluta hacia un sistema judicial de un Estado de Derecho"– a "una confusión conceptual" provocada por la identificación de la investigación criminal hebrea con la que realiza en el modelo procesal español un juez de instrucción.
No obstante, el juez Andreu argumentaba su decisión de seguir investigando explicando que las autoridades israelíes no han efectuado, por el momento, investigación alguna sobre los hechos ni por parte de las Fiscalías ni por parte del alto tribunal. En cuanto a los ministerios públicos el magistrado especifica que "no existe entre la documentación" aportada por Israel "ninguna resolución en la que expongan y fundamenten las razones de no incoar una investigación criminal diridiga a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos".
A pesar de todo, el magistrado recuerda que "los hechos ocurren en la ciudad de Gaza, siendo así que la comunidad internacional, sin distinción y en su conjunto, admite que dicho territorio no forma parte del Estado de Israel". En relación a su competencia para investigar la causa, el juez insiste en que los hechos "abrían de tipificarse como crímenes de guerra" por lo que argumenta que "aunque existiera algún procedimiento abierto en Israel, cabría interpretar la competencia de la jurisdicción española para llevar a cabo la instrucción; pero en este caso no ha existido ni existe en Israel ningún procedimiento dirigido a la investigación de estos hechos".
Esta decisión se produce después de que el pasado 16 de marzo el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, rechazase que la Audiencia Nacional "se convierta en un juguete" al ser preguntado por de las actuales competencias de este tribunal en relación a la justicia universal. Del mismo modo, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afirmó el lunes que España no puede convertirse en "el gendarme judicial del mundo y estar en el conflicto diplomático diario", y abogó por una modificación, al menos parcial, de las competencias en materia de jurisdicción universal que la legislación atribuye actualmente a la Audiencia Nacional.
El juez Andreu, que admitió a trámite la querella el 21 de enero, imputa indiciariamente a los siete acusados un delito contra la humanidad. Andreu asumió la competencia de la causa en función de lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula que España puede investigar el genocidio, el terrorismo y los delitos contra las personas cometidos en conflictos armados, bien se sucedan en su territorio o fuera de él. La querella, que fue presentada por el Centro Palestino para los Derechos Humanos en representación de seis familiares de las víctimas palestinas, involucraba también en los hechos al entonces primer ministro de Israel Ariel Sharon, en coma profundo desde el año 2005.
Concretamente, la Audiencia Nacional investiga, además de al ex ministro de Defensa Ben-Eliezer, al comandante de las Fuerzas Aéreas israelíes en el momento de los hechos Dan Halutz; al general encargado del mando Sur de las Fuerzas de Defensa israelíes, Doron Almog; al presidente del Consejo Nacional de Seguridad y asesor nacional de seguridad, Giora Eiland; al secretario militar del ministro de Defensa, Michael Herzog; al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel Moshe Ya'Alon y al director del servicio general del seguridad, Abraham Dichter.