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Pumpido pide archivar el chivatazo a ETA cuando Garzón reabre el caso

La Fiscalía pidió este lunes a Garzón que archive la causa del denominado "chivatazo a ETA", en la que está imputado el ex director de la Policía, Víctor García Hidalgo, y otros del funcionarios policiales de Bilbao y Vitoria. El PP ha pedido la comparecencia de Pumpido y Caamaño.

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Baltasar Garzón que archive la causa en la que investiga el denominado 'chivatazo' a ETA ya que considera que la práctica de diligencias ha finalizado. El Ministerio Fiscal, en un escrito hecho público este lunes dirigido al instructor, señala que "se ha venido investigando ininterrumpidamente" la filtración a miembros de la red de extorsión vinculada a ETA sin que se haya podido acreditar la identidad de la persona que llevó a cabo dicho chivatazo.

Por ello, el fiscal Carlos Bautista solicita el "sobreseimiento" provisional de la causa al considerar que no existen datos que demuestren "de forma inexorable" la tesis de los investigadores, según la cual García Hidalgo habría ordenado que la información sobre la operación llegara al propietario del bar 'Faisán' de Irún, Joseba Elosúa, mediante una llamada que un responsable policial del País Vasco realizó a un inspector de Álava.

El día del chivatazo

Los hechos se produjeros el 4 de mayo de 2006. Joseba Elosúa, propietario del bar Faisán, en Irún (Guipúzcoa), y uno de los intermediarios de la extorsión de ETA, fue abordado por una persona, que tras identificarse como policía le pidió que conversase con el interlocutor de su teléfono. Elosúa atendió la llamada. Su interlocutor se identificó también como miembro del Cuerpo Nacional de Policía, y le advirtió de que estaba siendo sigue por las Fuerzas de Seguridad.

Además, le dijo que estaba preparada una intervención policial para detenerle a él y a otros miembros de la red de extorsión de ETA si cruzaba la frontera francesa, tal y como tenía previsto, con un maletín con dinero para la organización terrorista.

El chivatazo, realizado en pleno proceso de negociación política entre el Gobierno Zapatero y los terroristas de ETA, hizo que la operación conjunta hispano-francesa que estaba preparada en suelo galo quedase frustrada.

El hecho se conoció gracias a que las comunicaciones de Elosúa estaban intervenidas, ya que el miembro de la red de extorsión de ETA le contó el chivatazo a su cuñado en una conversación telefónica cuya grabación llegó a manos de juez Grande-Marlaska, que ordenó instruir una pieza para investigarlo.

El chivatazo comenzó a ser investigado por Marlaska, pero meses después, Baltasar Garzón vuelve de su excedencia de estudios en Nueva York y al recuperar su juzgado, Marlaska le estaba sustituyendo, se queda con la investigación. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de la investigación del mismo.

Lo único, fue un auto de octubre de 2006, nada más hacerse cargo del caso, para liberar de cualquier atisbo de sospecha al ex comisario Fernando Mariscal, en ese momento, jefe de seguridad del PSOE, sobre la autoría del chivatazo.

La Fiscalía, contraria la tesis de la Policía

Tras la investigación, en la cual el fiscal Carlos Miguel Bautista informa que se han llamado a declarar a más de sesenta testigos, las tres personas mencionadas (García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y el inspector de Álava) fueron citadas a declarar por Garzón como imputados sin que, según el Ministerio Público, se haya podido demostrar su culpabilidad.

La Fiscalía contradice la tesis de la investigación defendida por la Policía y argumenta que las intervenciones telefónicas a los imputados, así como a diferentes miembros de las Fuerzas de Seguridad "no han proporcionado ningún resultado positivo". Tanto los imputados como el procesado por colaboración con ETA negaron los hechos descritos por los investigadores.

"La conclusión que extraen los investigadores carece de aval probatorio". Es decir, que no se ha podido probar que en esa llamada del Jefe Superior de Policía al Inspector fuese cuando éste le pasó el teléfono a Elosúa y el Jefe Superior le comunicó la existencia de un dispositivo de seguimiento, acción que ejecutaron supuestamente, por orden o sugerencia del Director General de la Policía.

Un "topo" de ETA

El escrito de la Fiscalía también pone de relieve la "versión exculpatoria coherente" aportada por las tres personas citadas como imputadas, que alegaron que en la fecha de la supuesta filtración el responsable policial iba a mantener una entrevista con "un confidente, miembro activo de la organización terrorista ETA en la fecha de los hechos, con el cual ha tenido relación y entrevistas reservadas a lo largo de toda su vida profesional".

Además, en esa entrevista era "necesario", según el fiscal, que el inspector de Vitoria, "persona no conocida en Guipúzcoa, le hiciera la cobertura de la entrevista con un previo reconocimiento de la frontera, hecho que justifica sobradamente los contactos telefónicos entre ambos funcionarios policiales". La existencia de este confidente, según añade el escrito, es "apoyada por dos testigos".

En relación con el inspector, la Fiscalía señala que entre los días 3 y 5 de mayo se encontraba "realizando un curso de conducción 4x4, coincidiendo con el encargo de ofrecer cobertura" que le había encomendado el responsable policial.  

También considera que "la deducción incriminatoria es todavía más inconsistente" en el caso de García Hidalgo porque los contactos telefónicos con el responsable policial eran "algo habitual y frecuente por los cargos que desempeñaban ambos", máxime cuando se estaba ejecutando "una importante operación antiterrorista" y el responsable policial era "una persona de la absoluta confianza del director".

El PP pide la comparecencia de Pumpido y Caamaño

En otro punto del escrito, la Fiscalía niega la tesis de que la finalidad del 'chivatazo' era evitar las detenciones argumentando que éstas no se llevaron a cabo "en ese momento, pero no por indicaciones o sugerencias de altos mandos del Ministerio del Interior, sino al parecer por instrucciones de las autoridades del país vecino a los funcionarios franceses del equipo conjunto de investigación".

Asimismo, el Ministerio Público pide que se levante el secreto de sumario acordado a esta ahora.

Por su parte, el PP ha anunciado a LDTV que pedirá la comparecencia en el Congreso del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido.
 

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