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La Fiscalía pide 12 años de cárcel para Otegi por pertenencia a ETA

Siguen los problemas judiciales para Otegi. La Fiscalía pide doce años de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista. El Ministerio Fiscal hace extensible esta pena a Permach y Etxeberria en la causa que investiga la financiación de la banda a través de las "herriko tabernas".

Libertad Digital/ Europa Press
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado 12 años de cárcel para los ex responsables de Batasuna-ETA, Arnaldo Otegi, Rufino Echebarria y Joseba Permach por pertenencia a organización terrorista en grado de dirigentes, dentro de la causa que investiga la presunta subordinación de la formación ilegalizada a ETA y su financiación a través de las denominadas "herriko tabernas".

Además, en su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal pide diez años de cárcel para otros 20 miembros de la formación ilegalizada por pertenencia a organización terrorista y para los 17 restantes procesados en la causa, ocho años de prisión por colaboración con ETA.

El sumario 35/02, instruido por el juez Baltasar Garzón, es el procedimiento más importante que tienen pendientes los proetarras. Su instrucción se abrió a partir de la detención en abril de 2002 de 11 personas acusadas de desarrollar un plan de financiación ideado por ETA a través de los locales conocidos como 'herriko tabernas'. El magistrado decretó el embargo de 75 de estos establecimientos y su administración judicial.

En el escrito hecho público este miércoles, el fiscal insiste en que desde 1978 y hasta que Batasuna fuera ilegalizada en marzo de 2003, su "simbiosis" con ETA fue "absoluta". Las diferentes estructuras del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MNVL), afirma, ejecutaron durante esos años y en distintos frentes "una actividad complementaria de apoyo, soporte y cobertura a las estrategias y fines de la organización terrorista, sin las que no hubiera sido posible la subsistencia de ésta".

Como prueba de ello, destaca la participación de miembros de ETA en el entramado KAS-Batasuna a través de los puestos en los partidos y asociaciones del entramado, en los que "se inserta a personas condenadas por sus relaciones con el terrorismo y a miembros de la mesa nacional de Herri Batasuna".

En algunos casos, explica, se simultaneaba la pertenencia a ETA y a tener cargos en Batasuna, aunque lo "más habitual", es que "militantes de ETA, una vez cumplidas sus responsabilidades penales, se hayan integrado en la mesa nacional o en estructuras de dirección de BAtasuna" o que personas que ejercieran responsabilidades en estas organizaciones "se integraran posteriormente en la estructura operativa de ETA".

En la situación de personas condenadas por pertenencia a ETA que después se han integrado en la dirección de Batasuna, el fiscal sitúa a Arnaldo Otegi, Rufino Echebarria, José María Olarra, Juan José Petricorena, Gloria Recarte y Josu Muguruza, entre otros.

Otegi, responsable del control de ETA sobre Batasuna

El representante del Ministerio Público sitúa a los acusados en este sumario, bien como dirigentes bien como miembros de la organización, como responsables de la "materialización" del "control de ETA sobre Herri Batasuna/Euskal Herritarrok/Batasuna, desarrollando en el entramado institucional las directrices de apoyo operativo y logístico".    

De esta acusación responden principalmente "por su liderazgo y por las funciones de coordinación del frente institucional que tenían asignada" Otegi, Permach y Echebarria, miembros de la última Mesa Nacional de Herri Batasuna en el año 2000 y que mantuvieron su condición en la Mesa Nacional de Batasuna en 2001 y quienes, junto a tros acusados, "posibilitaron la organización de las actividades a realizar a modo de protección y cobertura del proyecto diseñado por ETA".

En particular, sobre Otegi, el fiscal sostiene que es "una persona integrada en las organizaciones de soporte a ETA", miembro integrante en representación de los ex presos de ETA en Gestoras Pro Amnistía y portavoz junto con Permach de la Mesa Nacional provisional de HB tras la condena de su mesa nacional por el Tribunal Supremo.

Su actividad, afirma, "no cesó" después de la sentencia del Tribunal Supremo dictada por la Sala Especial del artículo 61 del Supremo que ilegalizó Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, "continuando como responsable de dicha formación".

El pasado mes de noviembre, la Audiencia Nacional acordó el ingreso en prisión de Otegi por esta causa por haber quebrantado las medidas cautelares bajo las que se encontraba, al haber salido del territorio nacional en dos ocasiones para acudir a reuniones en Francia a las que presuntamente también asistieron miembros de la banda.

No obstante, Otegi estaba en prisión desde el 16 de octubre de 2009 por intentar formar una estructura llamada 'Bateragune', con la que se pretendía sustituir a Batasuna. El dirigente proetarra estaba en libertad desde octubre de 2006, tras haber cumplido 15 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo. El pasado marzo fue condenado a 2 años de cárcel por su participación en otro homenaje.

En la misma situación de dirigentes sitúa el fiscal al que fuera coordinador nacional de Batasuna Joseba Permach y su secretario de relaciones exteriores, Rufino Etxebarria.

Otros procesados

Mientras tanto, el fiscal acusa a Carmelo Landa, Joséba Alvarez Forcada, Juan Cruz Aldasoro, Josu Iraeta, Adolfo Araiz, José Antonio Egido, Juan Carlos Rodríguez, Mikel Arregi, Esther Aguirre, Miren Jasone Manterola, Juan Luis Elcoro, Santiago Hernández, Kepa Gordejuela, María Isabel Mandiola, Segundo López de Aberasturi, Anton Morcillo, Florencio Aoiz, Juan Pedro Plaza, Santiago Quiroga y Jon Gorrochategi del delito de pertenencia a organización terrorista, por el que solicita 10 años de prisión.

Finalmente, a José Luis Franco Suárez, Maite Amezaga, Joseba Garmendi, Juan Francisco Martínez Betanzos, Ignacio Lizaso, Jaione Intxaurraga, Joseba Imanol Cortázar Pipaon, Rubén Andrés Granados, Enrique Alaña, Agustín Rodríguez, Patxi Bengoa, Idoia Arbelaiz, Izaskun Barbarias, Sabino del Bado, Vicente Enecotegi, Pedro Felix Morales San Sebastián y Andrés Larrea, el fiscal les acusa del delito de colaboración con organización terrorista, por el que pide 8 años de prisión.

En el escrito de acusación, el fiscal subraya que las "herriko tabernas" son un "proyecto político ideológico de ámbito nacional que ha de servir como instrumento financiero de otras estructuras" de ETA  "de forma directa e indirecta". Su "apariencia disociada", afirma, "obedece a una estrategia de ocultación del sistema de financiación de ETA".

Según el Ministerio Público, la propia configuración de Batasuna permitía al sistema financiero de ETA "controlar y administrar los recursos económicos generados por las herriko tabernas y posteriormente poner esos recursos a disposición de otras estructuras de KAS".

Pero, además del servicio financiero que prestaban, también constituían, según la Fiscalía, una "eficaz infraestructura logística para el desarrollo de las actividades de las organizaciones controladas por el frente militar de ETA", tales como KAS-EKIN, JARRAI-HAIKA, Herri Batasuna y Gestoras Pro Amnistía, sirviendo además de base para el depósito de material y propaganda relacionados con actividades de terrorismo callejero.

Del mismo modo, sostiene que se ha constatado que la red de herriko tabernas participó también directamente "en la provisión de fondos necesaria para el pago de algunas de las fianzas de sus miembros".

El juez Garzón concluyó el sumario 35/02 el 1 de abril de 2008, tras seis años de investigación que buscaban desentrañar los medios de financiación de Batasuna. El magistrado justificó el procesamiento de todos los dirigentes de la formación en la tesis de que Batasuna no sólo forma parte de la organización terrorista ETA como brazo político, "sino como una estructura más del complejo político-violento diseñado para conseguir una finalidad concreta a través de la subversión y la alteración de la paz pública, la autodeterminación de la denominada 'Euskal Herria'".

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