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La Ley de la Memoria Histórica obligará a instituciones y particulares a retirar los símbolos del franquismo

La nueva redacción de la Ley de la Memoria Histórica aprobada este miércoles por la ponencia del Congreso obligará a ayuntamientos, instituciones y particulares a retirar los símbolos franquistas y de exaltación de la Guerra Civil, y faculta a las Administraciones Públicas para quitarles subvenciones y ayudas si no lo hacen.

Una Ley que "mira hacia un pasado del que todos somos responsables"
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La nueva redacción de la Ley de la Memoria Histórica aprobada este miércoles por la ponencia del Congreso obligará a ayuntamientos, instituciones y particulares a retirar los símbolos franquistas y de exaltación de la Guerra Civil, y faculta a las Administraciones Públicas para quitarles subvenciones y ayudas si no lo hacen.
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L D (EFE) La ponencia de la Comisión Constitucional encargada de informar sobre este proyecto se reunió esta tarde en el Congreso y acordó mayoritariamente elevar la próxima semana a la comisión un texto propuesto por el grupo socialista que incorpora algunas novedades surgidas de su negociación con los otros grupos parlamentarios.

El documento contó con el visto bueno de todos los ponentes, con excepción de los representantes del PP, que rechazan frontalmente su contenido, y de ERC, formación que considera insuficientes sus medidas y por ello se abstiene, sin oponerse a su tramitación.

Principales puntos que recoge el texto:
 
-Condena expresa en el régimen de Franco
 
-Declaración de ilegitimidad de los tribunales sin garantías y de sus sentencias. Se refiere tanto a los tribunales militares de la zona nacional como a los procesos extrajudiciales republicanos. "Tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos" constituidos durante la Guerra Civil para imponer condenas por motivos "políticos, ideológicos o de creencia religiosa".
 
-Reconoce que las creencias religiosas fueron motivo de represión
 
-Declara expresamente la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público (TOP) y los tribunales políticos y consejos de guerra.

-Abre la puerta a la revisión jurídica de estos procesos

-Se establece que todas las Administraciones Públicas "tomarán las medidas oportunas" para suprimir los "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura". La medida incluye la retirada de subvenciones o ayudas públicas a quien no lo haga. Sólo se salvarán estos elementos simbólicos "cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados" o por razones "artísticas y arquitectónicas".

-La posibilidad de quitar las ayudas públicas se extiende a los "propietarios privados" que no cumplan esa obligación.

-Se prohíben los actos de exaltación de la contienda o del franquismo en el Valle de los Caídos.
 
-El Estado elaborará planes de trabajo y concederá subvenciones para las tareas de exhumación e identificación de víctimas. El Gobierno elaborará un protocolo de actuación científica "que asegure la colaboración institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones".

-El Ministerio de Justicia expedirá las declaraciones de reparación y reconocimiento a las víctimas.

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