L D (EFE) La Audiencia Nacional inició este lunes el juicio a los etarras Jesús María Echevarria Garaicoechea y Ángel Aramburu Sodupe, para quienes el fiscal pide 81 y 65 años de prisión, respectivamente, por el asesinato del guardia civil cuando se disponía a identificarles en la A-6.
Los dos terroristas fueron expulsados de la sala donde se celebró la vista después de que, tras negarse a declarar, comenzaran a dar patadas y puñetazos a los cristales del habitáculo blindado desde el que asisten a los juicios los acusados de terrorismo, mientras decían, como es acostumbrado, que no reconocían al tribunal.
Al término de la primera jornada de la vista, que continuará el próximo viernes, la madre del guardia civil muerto, María Dolores Martín Espinosa, destacó a los periodistas el "honor, la dignidad y la valentía" de su hijo y dijo que ha conseguido que sus asesinos, a los que calificó de "ratas de cloaca", vayan "a una jaula a cumplir 40 años". Además, la madre indicó que su hijo, al interceptar a los terroristas que planeaban perpetrar atentados en centros comerciales de Madrid, evitó miles de muertes.
El compañero de Molina declara como testigo
Los dos terroristas fueron expulsados de la sala donde se celebró la vista después de que, tras negarse a declarar, comenzaran a dar patadas y puñetazos a los cristales del habitáculo blindado desde el que asisten a los juicios los acusados de terrorismo, mientras decían, como es acostumbrado, que no reconocían al tribunal.
Al término de la primera jornada de la vista, que continuará el próximo viernes, la madre del guardia civil muerto, María Dolores Martín Espinosa, destacó a los periodistas el "honor, la dignidad y la valentía" de su hijo y dijo que ha conseguido que sus asesinos, a los que calificó de "ratas de cloaca", vayan "a una jaula a cumplir 40 años". Además, la madre indicó que su hijo, al interceptar a los terroristas que planeaban perpetrar atentados en centros comerciales de Madrid, evitó miles de muertes.
El compañero de Molina declara como testigo
Durante el juicio, declaró como testigo Juan Aguilar, el agente que acompañaba al guardia civil fallecido y que resultó gravemente herido en el enfrentamiento con los terroristas. El guardia civil, que dijo que todavía no se encuentra restablecido, recordó cómo el 14 de diciembre de 2002 se encontraban de servicio en la zona de Collado Villalba cuando sospecharon de un vehículo ocupado por dos hombres y le dieron el alta dos veces.
Cuando se acercaron al coche, sus dos ocupantes empezaron a dispararles, alcanzándoles a ambos, mientras que uno de los etarras, Ángel Aramburu, resultó también herido y pudo ser detenido. El otro acusado, Jesús María Echeverría, se dio a la fuga y en las cercanías logró detener a un vehículo amenazando con su arma al conductor, se puso al volante del coche y obligó a su dueño a sentarse en el asiento del copiloto, aunque le liberó después de recorrer 20 kilómetros en dirección a Valladolid.
En esa ciudad, Echevarria abandonó el turismo y continuó su huida en diferentes medios de transporte públicos hasta que fue detenido horas después en San Sebastián (Guipúzcoa) con una de las pistolas utilizadas en el tiroteo con los guardias civiles.
También testificaron en la vista varios guardias civiles y policías que intervinieron el caso y que declararon que los dos acusados, que según el fiscal integraban el autodenominado comando "Egoitz eta Hodei", habían reconocido su pertenencia a ETA. Uno de los testigos, el guardia civil que instruyó las diligencias y tomó declaración a Aramburu, dijo que los acusados llevaban 130 kilos de explosivos en el coche y que se habían dirigido a Collado Villalba para preparar 10 artefactos que pretendían colocar en diferentes centros comerciales el día 31 de diciembre, así como un coche bomba.
El fiscal considera a los dos acusados autores de delitos de dos asesinatos terroristas, uno de ellos en grado de tentativa, así como de pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de explosivos y armas y falsificación de documento oficial, entre otros.
El representante del Ministerio Público solicitará además que los dos acusados sean condenados a indemnizar conjuntamente a los herederos del guardia civil fallecido, Antonio Molina Martín, con 300.000 euros y con 19.800 euros al agente herido.