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LA POSICIÓN OFICIAL DE LA IGLESIA: "ETA es una organización terrorista incompatible con la doctrina católica"

La 79 º asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal celebrada en noviembre de 2002 aprobó una Instrucción Pastoral cuyo título "Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias" es un ejemplo certero en el análisis de lo que representa la organización terrorista ETA y el nacionalismo vasco. Estas son algunas de las conclusiones más destacadas del documento:

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1. El grupo denominado ETA es una asociación terrorista, de ideología marxista revolucionaria, inserta en el ámbito político-cultural de un determinado nacionalismo totalitario que persigue la independencia del País Vasco por todos los medios. Si se desea acertar en la valoración moral de ETA, será necesario tener en cuenta esta realidad en su totalidad.

2. La crueldad de ETA sirve siempre a la estrategia terrorista que hemos descrito y calificado más arriba: la implantación del terror al servicio de una ideología en toda la sociedad y la creación de una espiral de muerte, de odio y de miedo reactivo y adormecedor de las conciencias.

3. Aplicando a ETA y a otras organizaciones con similares características ideológicas el calificativo moral de “terrorista”, afirmamos que son intrínsecamente perversas en cuanto organización, ya que su modo de juzgar la realidad, la dirección de sus acciones y su estructura interna, están orientados a la provocación y difusión del terror.


4. ETA manifiesta una hiriente crueldad en toda su actividad. En la memoria de todos están los casos de secuestros y de asesinatos a sangre fría y a plazo marcado, así como agresiones y crímenes contra personas de toda índole y condición. No se trata de “errores de cálculo” ni de casos que se les hayan “ido de las manos”. Tampoco podemos admitir que la diversificación de las víctimas suponga que algunas de ellas fueran “justos objetivos militares”, mientras que otras serían tan sólo efectos colaterales indeseados.

5. Cuando la voluntad de independencia se convierte en principio absoluto de la acción política y es impuesta a toda costa y por cualquier medio, es equiparable a una idolatría de la propia nación que pervierte gravemente el orden moral y la vida social. Tal forma inmoderada de “culto” a la nación es un riesgo especialmente grave cuando se pierde el sentido cristiano de la vida y se alimenta una concepción nihilista de la sociedad y de su articulación política. Dicha forma de “culto” está en relación directa con el nacionalismo totalitario y se encuentra en el transfondo del terrorismo de ETA.
 
6. Cuando determinadas naciones o realidades nacionales se hallan legítimamente vinculadas por lazos históricos, familiares, religiosos, culturales y políticos a otras naciones dentro de un mismo Estado no puede decirse que dichas naciones gocen necesariamente de un derecho a la soberanía política.
 

 
7. La Doctrina Social de la Iglesia reconoce un derecho real y originario de autodeterminación política en el caso de una colonización o de una invasión injusta, pero no en el de una secesión. En consecuencia, no es moral cualquier modo de propugnar la independencia de cualquier grupo y la creación de un nuevo Estado, y en esto la Iglesia siente la obligación de pronunciarse ante los fieles cristianos y los hombres de buena voluntad.
 
8. El nacionalismo en que se fundamenta la asociación terrorista ETA no cumple las condiciones requeridas para su legitimidad moral, puesto que necesita absolutizar sus objetivos para justificar sus acciones terroristas; pretende imponer por la fuerza sus propias convicciones políticas atropellando la libertad de los ciudadanos; y llega a eliminar a los que tienen otras legítimas opciones políticas. Por todo ello, el nacionalismo de ETA es un nacionalismo totalitario e idolátrico.
 
9. El nacionalismo totalitario de ETA considera un valor absoluto el “pueblo independiente, socialista y lingüísticamente euskaldún”, todo ello además interpretado ideológicamente en clave marxista, ideología a la cual ETA somete todos los demás valores humanos, individuales y colectivos, menospreciando la voluntad reiteradamente manifestada por la inmensa mayoría de la población.
 

 
10. La organización terrorista ETA enarbola la causa de la libertad y de los derechos del País Vasco, al que presenta como una nación sojuzgada y anexionada a la fuerza por poderes extranjeros de los que sería preciso liberarla. Ésta es la causa que considera como supuestamente justificadora del terror que practica. Sin embargo, el nacionalismo de ETA y de sus colaboradores ignora que todo proyecto político, para merecer un juicio moral positivo, ha de ponerse al servicio de las personas y no a la inversa. Es decir, que la justa ordenación de las naciones y de los Estados nunca puede constreñir ni vulnerar los derechos humanos fundamentales, sino que los tutela y los promueve. De modo que no es moralmente aceptable ninguna concepción para la cual la nación, el Estado o las relaciones entre ambos se pongan por encima del ejercicio integral de los derechos básicos de las personas.
 
11. La pretensión de que a toda nación, por el hecho de serlo, le corresponda el derecho de constituirse en Estado, ignorando las múltiples relaciones históricamente establecidas entre los pueblos y sometiendo los derechos de las personas a proyectos nacionales o estatales impuestos de una u otra manera por la fuerza, dan lugar a un nacionalismo totalitario, que es incompatible con la doctrina católica.
 

 
12. Por ser la nación un hecho, en primer lugar, cultural, el Magisterio de la Iglesia lo ha distinguido cuidadosamente del Estado. A diferencia de la nación, el Estado es una realidad primariamente política; pero puede coincidir con una sola nación o bien albergar en su seno varias naciones o entidades nacionales. La configuración propia de cada Estado es normalmente fruto de largos y complejos procesos históricos. Estos procesos no pueden ser ignorados ni, menos aún, distorsionados o falsificados al servicio de intereses particulares.
 
13. España es fruto de uno de estos complejos procesos históricos. Poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable.
 
14. Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder, local o de cualquier otro tipo, es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria.

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