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La residencia del pueblo de Zarrías adeuda a sus empleados más de 200.000 euros

La residencia de ancianos "Juan Zarrías", que gestiona en régimen concertado con la Junta de Andalucía la empresa Reifs, principalmente, adeuda entre 200.000 y 300.000 euros a sus trabajadores porque incumple los convenios laborales desde su inauguración.

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Cuando una técnica del centro protestó e intentó que se celebraran elecciones sindicales, se la acosó y se la despidió de acuerdo con la directora, la hija del alcalde Juan Balbín. La trabajadora era afiliada del PSOE y de UGT y su caso conmocionó a la localidad de Cazalilla, y asimismo a las de Mengíbar y Villanueva de la Reina, donde residen bastantes trabajadoras del centro.

La información obtenida directamente del entorno familiar de esta trabajadora, María José. Indica que fue despedida el pasado 23 de octubre de2009, cinco minutos antes de terminar su jornada laboral, en la residencia de ancianos de la localidad vecina de Cazalilla. La empresa, dirigida por Marian Balbín, alegó despido disciplinario.

Pero la realidad era que dicha trabajadora tenía denunciada a la empresa por impago de conceptos salariales que llevaba dos años sin percibir, conceptos estos que pese a estar recogidos en su convenio nacional, la empresa no repercutía en las nóminas de los trabajadores. Estos conceptos son, entre otros:

Nocturnidad (no pagan los extras propios de las noches trabajadas)
Excesos de jornada laboral, horas extraordinarias
Descansos adicionales por trabajar festividades nacionales que la empresa tampoco daba

Tampoco se ha cumplido el convenio colectivo vigente en cuanto a los puestos fijos que debe haber en la Residencia. Según su artículo 15, los centros de nueva creación deben tener un 50% de los puestos fijos antes de terminar el primer año de funcionamiento y un 80% en el segundo.

La trabajadora empezó a tener un ambiente hostil desde el mismo momento en que, además de denunciar la situación vejatoria de los derechos laborales vigentes, se afilió al sindicato UGT, muy próximo al PSOE, partido del alcalde Juan Balbín y sindicato de Gaspar Zarrías y de otros muchos dirigentes socialistas por obligación estatutaria tradicional. Según estas fuentes, algún otro trabajador sufrió castigo, bajo la forma de no renovación del contrato por el mismo motivo: afiliarse a UGT.  

El día 15 de octubre de 2009, ya en plena crisis, hubo un acto de conciliación en la sede de UGT en Jaén en el que la empresa quiso saldar la deuda pendiente con la trabajadora denunciante -más de 10.000 euros -, abonándole 2.500 euros, a lo que la trabajadora no accedió por ser varias veces mayor la cantidad reclamada.

Al día siguiente, 16 de octubre, el sindicato presentó el preaviso de elecciones sindicales que se celebrarían en el mes de noviembre y a las cuales esta trabajadora tenía intenciones de presentarse. Pero no le dieron tiempo, pues fue despedida antes.

Dado que las deudas de la empresa con los demás trabajadores eran similares, Libertad Digital ha calculado que pueden rondar los 300.000 euros a una media de 6.000 euros por trabajador y año, cifra con la que ha estado de acuerdo la UGT de Cazalilla.

La trabajadora también tenía puesta una denuncia ante la Inspección de trabajo de Jaén porque llevaba desde el mes de abril-mayo de 2009 sin recibir el justificante de pago de salario y que hasta el día de su despido seguía sin recibir.

En el momento del despido, la directora Marián Balbín, y ante testigos, remitió a la trabajadora a la sede de Sevilla para que solicitara la documentación para poder cobrar el paro ya que ella se desvinculaba de cualquier trámite que hubiera que hacer.

Según la familia de la trabajadora "parece que hoy en día siguen perseguidas aquellas personas que luchan por los derechos y libertades fundamentales y las garantías constitucionales que están recogidas tanto en la Constitución Española como en el Estatuto de los trabajadores". María José, en conversación con Libertad Digital, ha dicho con claridad que "soy socialista y de UGT, pero lo primero de todo para mí son mis derechos".

El representante de UGT en Cazalilla, Miguel Ángel Cazalilla, puesto al habla con Libertad Digital, confirmó punto por punto lo ocurrido en la residencia, desde el enchufismo descarado -hay más casos de los publicados, otro concejal implicado cuando menos, pero sólo él puede aportar las identidades puesto que dispone de la plantilla completa del Centro-, al mal trato, altivo y despótico que la hija del alcalde que dirige el Centro aplica sus subordinados. Por cierto, en el pueblo se considera que puede ser la sucesora de su padre, Juan Balbín, al frente de la alcaldía, tras haber caído este en desgracia en el PSOE de Jaén por un grave incidente con una trabajadora en la organización Prodecam que presidía y de cuya presidencia ha sido sustituido.

Finalmente, en un ambiente de hostilidades, María José aceptó cobrar una oferta de la empresa de unos 8.000 euros y salir de la misma. No es único caso. La anterior Psicóloga del Centro fue despedida por enemistad con la directora, Marian Balbín, y sustituida por una amiga de ésta.

El papelón de la Guardia Civil

María José, la trabajadora despedida, no salió de su estupor cundo recibió en su casa a principios del año 2010 la visita de un vehículo oficial de la Guardia Civil de Cazalilla. Era sorprendente porque su residencia está en el pueblo de Villanueva de la Reina y lo normal es que cuando un puesto de la Guardia Civil tiene que comunicar algo a alguien que vive fuera del ámbito de operaciones de tal puesto, contacte con el puesto más cercano y éste se encarga de transmitir la gestión. Imaginen, por ejemplo, que la trabajadora viviera en Jaén o en Linares o se hubiera trasladado tras su despido a Madrid. ¿Habría mandado el comandante de puesto de Cazalilla, cabo primero por más señas, el coche de la Guardia Civil a Madrid o a Jaén?

No cabe duda que la visita inesperada tuvo un efecto intimidatorio. El objeto de aquella aparición de la Benemérita era comunicarle que debía ir a declarar al Cuartelillo de la Guardia Civil de Cazalilla por un presunto delito de calumnias. El alcalde de la localidad, Juan Balbín, la acusaba de haber publicado en el foro de Cazalilla y en otros de Mengíbar, expresiones y menciones que consideraba calumniosas, pero en vez de interponer la correspondiente querella criminal en un juzgado de guardia lo denunció en el cuartelillo de su pueblo y logró que el vehículo de la Guardia Civil fuera hasta el domicilio de la despedida por su propia hija. La trabajadora ha negado siempre los hechos a la Guardia Civil y a Libertad Digital.

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