L D (Mercedes R. Martín) La voz de las víctimas no dejó de oírse mientras duró la negociación política del Gobierno con ETA. Ante injusticias como la presencia de los terroristas en las instituciones a través de ANV, colectivos como la AVT o la Fundación Gregorio Ordóñez han querido volver a lanzar un mensaje al Ejecutivo y a la sociedad y denunciar la nula voluntad política para actuar contra un partido que es ilegal y que ETA utiliza para sus fines.
En un acto conjunto en Madrid, la AVT , el Foro Ermua , Dignidad y Justicia , la Fundación Miguel Ángel Blanco , Covite y la Fundación Gregorio Ordóñez han leído un manifiesto en el que se exige “la disolución inmediata” de los ayuntamientos de ANV y se denuncia “el engaño y los cálculos electorales” del Gobierno en materia antiterrorista.En el comunicado, presentado este jueves ante los medios, tachan de “aberración política y jurídica” la presencia de ANV en los consistorios y recuerdan que el Gobierno es “responsable tanto de la entrada de ETA en las instituciones como de su permanencia” en ellas.
“No nos valen las excusas”, advierten los firmantes, que alertan de la utilización de “argumentos falsos y pseudo jurídicos” por parte del Ejecutivo. Los colectivos cívicos afirman que “la ley ampara la disolución, la lucha antiterrorista la necesita y la dignidad de las víctimas del terrorismo y del Estado de Derecho la exigen".
En el comunicado, recuerdan lo que establece el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local y dan ejemplos de actuaciones de ANV en los consistorios que suponen una “gestión gravemente dañosa” para los intereses generales. Entre ellos, se encuentra la "negativa coordinada y sistemática a condenar atentados", la creación de comisiones para apoyar a etarras presos, la aprobación de resoluciones que coinciden con los mensajes de ETA, la apología del terrorismo al no retirar carteles y calles que exaltan a la banda o la subida del sueldo de los concejales para burlar la retirada de subvenciones por la disolución de sus grupos municipales.
Por todo ello, sostienen que hay pruebas que “justifican la disolución” de los consistorios y si no se hace, es porque “no hay voluntad de aplicar la ley”. “Las asociaciones aquí presentes no vamos a dejar de denunciarlo”.
Además, recuerdan al Gobierno que en la lucha antiterrorista “es necesario mantener una política coherente a lo largo del tiempo” y no bastan los éxitos policiales. La negativa a actuar contra ANV “es un lastre muy severo en el camino para terminar con ETA de manera definitiva y sin concesiones”, advierten, y el Ejecutivo, en este asunto, “se juega una gran parte de su credibilidad”.
Una "responsabilidad social"
Tras la lectura del comunicado, que hizo en nombre de todos la vicepresidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, algunos de los representantes de los colectivos firmantes hablaron del reciente enfrentamiento en el Congreso por la petición de UPyD para disolver los ayuntamientos de ANV y también sobre los rumores de una nueva negociación con ETA.
La presidenta en funciones del Foro Ermua, Inma Castilla de Cortázar, lamentó el “cinismo” y las “pegas jurídicas” que se utilizaron en el debate parlamentario. La no actuación contra ANV evidencia, a su parecer, que la política antiterrorista del Gobierno “no es firme en todos los frentes”.
Por otro lado, Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, advirtió al Gobierno que "si vuelve a negociar, ahí nos encontrarán”, porque “todas las víctimas estamos en contra de ese tipo de negociaciones”. Sin embargo, no quiso entrar a valorar si cree que el Ejecutivo estaría preparando algún tipo de diálogo con los terroristas ante recientes actuaciones como su reticencia a expulsar a ANV o el acercamiento de presos. “Nos remitimos a los hechos”, afirmó, y uno de ellos es la presencia de ETA en las instituciones.
En declaraciones a LD, Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez y presidenta de la Fundación que lleva el nombre del dirigente popular asesinado por ETA, explicó que con este acto, su colectivo y el resto de asociaciones buscan “presionar” al Gobierno para que actúe contra ANV. “No queremos palabras, queremos hechos”, dijo Iríbar, que recordó los largos años de lucha contra el terrorismo y afirmó que “no soportamos más que ETA esté en los ayuntamientos”.
La presidenta de Covite, Cristina Cuesta, también habló de lo que persiguen con la presentación de este manifiesto. Preguntada por LD, negó que la iniciativa responda a que sientan algún tipo de carencia en la labor de oposición de los partidos en torno a ETA. Cuesta explicó que colectivos como el suyo “necesitan marcar nuestra postura” en torno a asuntos como éste. Las víctimas, recordó, son un “referente de la sociedad española”.
Ante “injusticias” como la presencia de los terroristas en las instituciones, algo que “afecta a los derechos y libertades” de muchos ciudadanos, “tenemos que dar una opinión”, explicó la presidenta de Covite. Por ello, actos como el de este jueves se enmarcan, dijo, en una posición de “coherencia y responsabilidad social”.