(Libertad Digital) Después de tensiones entre los dos Ministerios, la insistencia de Jesús Caldera en gestionar los cuantiosos fondos recaudados por la CECA permitió que fuera el de Trabajo y Asuntos Sociales y no el del Interior el que finalmente se hiciera con el control. De este modo, el 16 de diciembre de 2004 la CECA llega a un acuerdo con Trabajo para la gestión del fondo, que se manifiesta en una Orden ministerial de 28 de febrero de 2005, por la que se crea una Unidad Administradora y una Comisión de Seguimiento.
Se trata de casi 2.000 millones de las antiguas pesetas, cuando la suma de todas las ayudas a las víctimas gestionadas por Interior desde el inicio del terrorismo en España sumarán como mucho, en torno a 500 millones de pesetas, según el presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo, José Alcaraz.
La presidenta de la Asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M, Ángeles Domínguez, se lamenta en declaraciones a Libertad Digital de que los casi 2.000 millones de las antiguas pesetas no hayan llegado a las víctimas. Ángeles recuerda que "hubo gente que dio un dinero pensando en que se destinaba a un fin” y piensa que “es injusto para ellos, como para las víctimas, que después de todo este tiempo ese dinero siga bloqueado". También teme que "a lo mejor la gente, por falta de información, piensa que ese dinero ya se ha entregado", cuando no es así. Es más, la presidenta de Víctimas del 11-M considera que "hay gente que a lo mejor necesitó el dinero en ese momento, porque tenía alguna necesidad urgente".
José Alcaraz cree que "la gente debería saber que el dinero no ha ido a manos de las víctimas" e incide en que los deseos de los donantes deberían haberse respetado, ya que "no se dieron con un color político", sino para ayudar a las víctimas de los terribles atentados del 11 de marzo de 2004.
La Orden prevé que haya 8 representantes de la Administración, siete dependientes de Trabajo y Asuntos Sociales y uno de la Fundación Víctimas del Terrorismo, creada en mayo de 2002 por el PSOE y el PP como parte del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y que depende de Interior. Frente a estos 8 representantes del Gobierno, se preven solo cuatro de las víctimas. Alcaraz considera, en declaraciones a Libertad Digital, que esta infrarepresentación de las víctimas tiene como objetivo mantener el control de unos fondos muy numerosos, desde un ministerio, el de Caldera, "que ha demostrado su sectarismo al haberle negado la subvención a la asociación de víctimas del terrorismo más importante de España". El hecho de que el Gobierno doble en representación a las víctimas no puede desvincularse de que éstas no hayan recibido todavía ni una pequeña parte del dinero.
Manjón y el Alto Comisionado
Por lo que se refiere a la representación de las víctimas, las cuatro se repartieron de forma desigual, ya que dos representantes para la asociación de Pilar Manjón (Afectados por el 11-M), uno para la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y otro para la Asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M, lo que causa la extrañeza por parte de estas dos últimas asociaciones.
En ningún momento la Orden de 28 de febrero de 2005 (publicada en el BOE el 2 de marzo) cita al Alto Comisionado ni prevé que vaya a tener un representante en la Comisión de Seguimiento. Pero en las últimas reuniones, que se mantuvieron en octubre, se anunció la incorporación del cubano José Manuel Rodríguez como representante de Gregorio Peces Barba, Alto Comisionado del Gobierno ante las víctimas del terrorismo. Cuando la que representaba a Víctimas del 11-M se dirigió a la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, que presidía la reunión, para preguntarle por la razón de la presencia de un enviado del Alto Comisionado, ella respondió que había sido a petición de la asociación de Pilar Manjón, y que les había parecido una buena idea. José Alcaraz considera que la inclusión del Alto Comisionado abunda en la decisión del Gobierno de hacer una gestión "sectaria y partidista" de los fontos.
De este modo, se ha nombrado a un representante del Alto Comisionado por iniciativa de la Asociación de Afectados del 11-M (cuya portavoz es Pilar Manjón), sin escuchar a las otras dos asociaciones de víctimas, y sin que esté previsto en la Orden que creó la Comisión de Seguimiento. Tanto en la AVT como en Víctimas del 11-M se ve con recelo la designación de este representante del Alto Comisionado, “que no ha hecho nada por las víctimas”. Recuerdan que Gregorio Peces Barba ha declarado que representa al Gobierno y no a las víctimas y que se negó a asistir a la manifestación convocada por la AVT el 22 de enero bajo el lema "Memoria, dignidad y justicia con las víctimas".
Víctimas y afectados
Pero cuando finalmente se dé curso a las ayudas acumuladas por la CECA, de 11,28 millones de euros, es muy probable que se puedan crear ciertos problemas. La Orden de febrero de 2005 prevé en su punto sexto que “serán beneficiarios de las prestaciones y servicios, que se contemplan en la presente Orden, las víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, reconocidas como tales por el Ministerio del Interior, y los afectados por dicho atentado”. Ni la AVT ni Víctimas del 11-M ven con buenos ojos que el Ministerio de Trabajo haya aceptado desde el comienzo la figura de los “afectados”, que es defendida sin embargo por la asociación de Pilar Manjón.
La Orden define los “afectados” como “aquellas personas que tengan una vinculación directa con las víctimas del atentado, por razón de parentesco y convivencia. A estos efectos, tienen la misma consideración las parejas de hecho”. No es una figura consensuada con todas las asociaciones de víctimas.
José Alcaraz ha dicho a Libertad Digital que son víctimas las reconocidas como tales por el Ministerio del interior, y que corresponden a la víctima y a sus familiares directos. El problema con la inclusión de la figura de los afectados es que, según se interprete, puede traicionar la voluntad de los donantes, que quieren que su dinero vaya a quienes han sentido en sus carnes el zarpazo del terrorismo y a los familiares más allegados.