L D (Agencias) El secretario general del PSE, Patxi López, y el coordinador de la Ejecutiva del partido, Rodolfo Ares, afirmaron durante su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que el 6 de julio de 2006 se reunieron con miembros de la "izquierda abertzale" y no con Batasuna-ETA, según informó el abogado del Foro Ermua, Fernando García-Capelo.
Tras finalizar la comparecencia ante el juez instructor, Roberto Sáiz, de López y Ares, así como de los dirigentes de Batasuna-ETA Arnaldo Otegi, Rufino Etxeberria, y Olatz Dañobeitia –imputados por un supuesto delito de desobediencia–, el letrado del Foro Ermua precisó que los representantes socialistas alegaron que no se pudieron entrevistar con dirigentes de Batasuna-ETA, porque esta formación no existe, al estar ilegalizada.
En este sentido, precisaron que el encuentro se mantuvo con dirigentes de la "izquierda abertzale" y que desconocían qué representantes de esta sensibilidad política iban a acudir al encuentro. Además, precisaron, según García-Capelo, que no sabían que Otegi, Etxeberria o Dañobeitia "fueran dirigentes de Batasuna, amparándose en que, al ser una organización ilegal, no puede existir"
Para el representante del Foro de Ermua, esta afirmación "llevaría a la conclusión de que ETA no existe, puesto que es una organización ilegal" y recordó que, "precisamente, lo que se está dilucidando aquí es que Batasuna, a pesar de estar ilegalizada, sigue actuando y ha continuado actuando en una impunidad que no debe ser permitida por un Estado de Derecho". Asimismo, dijo que "es algo impensable" que Patxi López y Rodolfo Ares no supieran que Otegi iba a acudir a la entrevista porque "estaba en todos los medios".
En su comparecencia, el secretario general del PSE y el portavoz de la Ejecutiva de los socialistas vascos respondieron a las preguntas del magistrado, de la fiscal-jefe del TSJPV, María Ángeles Montes, y de los abogados del lehendakari, Juan José Ibarretxe, y de los representantes de Batasuna-ETA, aunque no a los letrados del Foro de Ermua y de la asociación Dignidad y Justicia, para no convertir "el interrogatorio en una causa política".
Tras recordar que sus preguntas son "siempre de contenido jurídico, puesto que lo que se dilucida aquí es la comisión de un delito", Fernando García-Capelo señaló que "no hay diferencia entre la izquierda abertzale y Batasuna, puesto que, si los representantes son los mismos, los fines, objetivos y discursos también, e incluso el nombre se utiliza de manera indistinta, no hay capacidad de diferenciar entre Arnaldo Otegi, cuando actúa como representante de la izquierda abertzale, y Arnaldo Otegi cuando actúa como representante de Batasuna".
"Tanto más si tenemos en cuenta que el propio Otegi, nada más terminar la reunión, dijo que se habían reunido el PSE y Batasuna, expresamente. Previamente, la propia Batasuna había mandado la convocatoria diciendo que se reunía Batasuna con el PSE", añadió.
Por ello, consideró que "ha quedado acreditado, una vez más", que quien mantenía los encuentros era la formación ilegalizada, "que tiene prohibida toda actividad política y, por tanto, al actuar y tener una actividad política, ha desobedecido al Tribunal Supremo y ha cometido un delito de desobediencia". "Para esa concreta desobediencia, la que se produjo el día 6 de julio, ha sido necesaria la iniciativa del PSE, que citó a Batasuna para tener esa reunión, por lo tanto, son cooperadores necesarios, al igual que lo es el señor lehendakari por sus reuniones con Batasuna", añadió.
Por su parte, Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia –que comparecieron de manera previa a los representantes del PSE– se negaron a responder a las preguntas del magistrado y de las partes, aunque, como ha sucedido en anteriores ocasiones, realizaron una declaración en la que admitieron que se han reunido con los partidos políticos con el fin de solucionar el conflicto en base a sus "derechos civiles y políticos".
Medidas cautelares
Posteriormente, Fernando García-Capelo solicitó, de nuevo, a Roberto Sáiz que se celebrara una vistilla para establecer medidas cautelares contra los miembros de Batasuna, con el fin de evitar que mantenga nuevas reuniones con partidos políticos y, de esta forma, impedir una nueva "reiteración delictiva".
El juez determinará, probablemente la próxima semana, si se produce esta vista o no. El abogado recordó que, en una ocasión anterior, el juez instructor denegó su petición porque todavía debía tomar declaración hoy a los cinco imputados. De admitirse la celebración de la vista, la pretensión del Foro de Ermua es pedir para los representantes proetarras prisión provisional eludible mediante fianza, "que estuviese vinculada a la no comisión de un nuevo delito", o prisión sin fianza.
El letrado del Foro de Ermua consideró que "hay una reiteración delictiva evidente" y se "están produciendo delitos de desobediencia a la sentencia de ilegalización del Tribunal Supremo". Por ello, dijo que la Justicia "debe tomar cartas en el asunto y frenar estos delitos consecutivos". La toma de declaración de los representantes abertzales y socialistas, que comenzó dos horas más tarde de lo previsto, se prolongó durante más de dos horas y media.
Aunque, hasta el momento, ha finalizado la toma de declaración a testigos e imputados, las diligencias previas no han concluido al no haber recibido el magistrado del TSJPV un informe de la Guardia Civil. Además, el Foro de Ermua solicitará que se aporte al sumario una entrevista en la que, antes de producirse el encuentro del 6 de julio del pasado año, López aseguró que "se iba a reunir con Batasuna".
En declaraciones ante los medios de comunicación, el miembro de la junta directiva del Foro de Ermua, Antonio Aguirre, señaló hoy que la querella presentada por el Foro de Ermua tras la reunión mantenida entre López y Ares y los dirigentes de Batasuna fue lo que motivó que el Partido Socialista le expedientara.