LD (Ángela Martialay) Ambiente caldeado en los ámbitos judiciales. Primero fueron los secretarios quienes anunciaron protestas y ahora son las asociaciones judiciales y los jueces décanos que han mantenido este lunes por mañana en la sede del Consejo General del Poder Judicial una reunión de su presidente, Carlos Dívar, para analizar los problemas de la Administración de Justicia y el "desánimo" que se ha extendido en la carrera judicial tras las consecuencias disciplinarias y políticas del llamado "caso Mari Luz".
Las asociaciones de jueces han comunicado a Carlos Dívar el gran "malestar" existente en la carrera judicial y le han pedido que el CGPJ lidere la solución a los problemas de la Justicia. Según las asociaciones, Divar se ha comprometido a tratar las cosas con quien haga falta y a celebrar una reunión mensual entre las asociaciones y el Consejo. Al término de la reunión, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Lorenzo del Río, explicó que le había trasladado a Dívar que "hay muchos jueces que están quemados".
Desde todos los sectores se denuncia los "medios decimonónicos" con los que se trabaja en los juzgados y el estado de "colapso" que padece la Justicia en España. Las reuniones de este lunes por la mañana con Dívar son la antesala de las protestas judiciales que tendrán lugar este martes en todos los juzgados e intancias de España.
Coincidiendo con ese paro de tres horas convocado por los secretarios, el mismo martes hay convocadas juntas de jueces en los tribunales de toda España, con las que se pretende mostrar un "rotundo rechazo" a las "constantes injerencias" políticas en el ámbito disciplinario del CGPJ. Las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, mostrando su desacuerdo con la sanción de 1.500 euros impuesta a Tirado por su actuación en el caso, han sido enfadados a los jueces como una intromisión inaceptable en su labor.
La Judicatura entera se une a la protesta
Como forma de protesta, ya que los jueces no pueden ejercer si derecho a huelga, tal y como queda señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, éstos preparan la celebración de junta de jueces este martes en todas las oficinas judiciales españolas a la misma hora y bajo la misma reivindicación. Está previsto que se elabore un escrito común como señal de protesta y unidad del poder judicial frente a las injerencias del poder político.
La Judicatura entera defiende que las facultades disciplinarias competen exclusivamente al Poder Judicial y que el Gobierno no tiene que adelantar cuál debe ser su actuación. De hecho, se espera que los magistrados del Tribunal Supremo se unan a esta reivindicación a través de un comunicado.
Tal y como señaló el portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Rafael Lara, a Libertad Digital, “el Ministerio del Interior no puede utilizar la sanción a la secretaria Juana Gálvez (la secretaria del caso Mari Luz) para ocultar su propia inoperancia”.
Este lunes por la mañana se ha conocido que los 41 secretarios judiciales de las Salas de lo Penal, Social y Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional secundarán el paro de tres horas convocado para protestar por la sanción a su compañera de un Juzgado de Sevilla.
Fuentes jurídicas han explicado que el paro, que se desarrollará desde las diez de la mañana a la una de la tarde, no afectará a los juicios previstos para mañana en los que haya presos, y han señalado que los jueces de instrucción organizarán el trabajo de sus Juzgados de forma que no afecte al paro convocado por los secretarios.
La coincidencia del paro de los secretarios judiciales con las juntas de jueces en muchos tribunales ha causado cierta preocupación en el CGPJ, cuyo presidente ha enviado un escrito a los de los Tribunales Superiores de Justicia advirtiéndoles de que las juntas no deben afectar al servicio público. De cara al paro de los secretarios, Justicia ha fijado unos servicios mínimos de entre el 30 y el 50 por ciento que el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales ha calificado de "inaceptables", y ha interpretado como un intento de "boicotear" su protesta.