L D (Agencias) En declaraciones a Onda Cero, y según una nota de prensa remitida por la emisora, Pilar Manjón ha explicado que esa subvención de 3.000 euros concedida por el Ministerio del Interior "es insuficiente para atender todas las necesidades de la asociación", que pasan por "pagar los 1.200 euros de alquiler del local en el que atienden a las víctimas y el dinero que cuestan los psicólogos, el médico forense y las abogados que preparan la acusación popular". Sin embargo, según ha podido saber Libertad Digital, esa cantidad de 3.000 euros sólo correspondería a la aportación del Gobierno para el último trimestre del año. Hasta septiembre la Asociación de Víctimas del 11-M recibió otros 80.000 euros.
En el programa "Te doy mi palabra" de la cadena radiofónica, Manjón se ha mostrado esperanzada en que el proceso judicial contra los procesados por la masacre del 11 de marzo en Madrid "sirva para buscar primero la verdad y después hacer justicia". Manjón también ha subrayado que "nos produce un gran dolor a las víctimas leer en la prensa que un secretario judicial ha sido expedientado por tirar papeles del proceso judicial del 11-M o que la fiscal del caso entendió que no había que investigar una denuncia de la Policía que afirmaba que dos guardias civiles suministraron las armas a los terroristas".
La portavoz de la asociación no ha querido calificar estos hechos de "obstruccionismo" y, por el contrario, ha apostado por "tener confianza en que el Estado de Derecho haga justicia". "Todo el daño que me podían hacer me lo hicieron el 11 de marzo cuando despedí a mi hijo a las siete y media de la mañana y tres minutos después murió en un tren en la estación del Pozo", ha recordado.
En el programa "Te doy mi palabra" de la cadena radiofónica, Manjón se ha mostrado esperanzada en que el proceso judicial contra los procesados por la masacre del 11 de marzo en Madrid "sirva para buscar primero la verdad y después hacer justicia". Manjón también ha subrayado que "nos produce un gran dolor a las víctimas leer en la prensa que un secretario judicial ha sido expedientado por tirar papeles del proceso judicial del 11-M o que la fiscal del caso entendió que no había que investigar una denuncia de la Policía que afirmaba que dos guardias civiles suministraron las armas a los terroristas".
La portavoz de la asociación no ha querido calificar estos hechos de "obstruccionismo" y, por el contrario, ha apostado por "tener confianza en que el Estado de Derecho haga justicia". "Todo el daño que me podían hacer me lo hicieron el 11 de marzo cuando despedí a mi hijo a las siete y media de la mañana y tres minutos después murió en un tren en la estación del Pozo", ha recordado.