El texto, de apenas dos folios, según El Mundo, destila no solo un fuerte malestar por parte del juez, sino que denuncia una actuación negligente que perjudicó gravemente las investigaciones que se podían haber ejecutado en las primeras horas tras destaparse el chivatazo.
El juez reclamó las explicaciones al entonces comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia, José Cabanillas. También a su superior, el comisario Telésforo Rubio, en una diligencia del 22 de mayo del 2006, como contestación a un escrito remitido ese mismo día por la Comisaría General de Información, en el que se le adjuntaba otro "escrito-informe" del 15 de mayo, elaborado por Cabanillas.
El juez denuncia que la Policía esperó hasta el día 15 para poner en marcha una investigación, cuando el día 8 de mayo tenían ya todos los datos.
Marlaska exigió que se respondieran siete cuestiones sobre la actuación policial en ese margen de 24 horas, momentos en que era necesario una actuación "inmediata", informa El Mundo. El juez albergaba duras sobre las razones por las que "tal y como se reconoce en el informe, habiendo tenido ambos funcionarios públicos de la filtración al menos desde el mediodía del viernes 5 de mayo de 2006, no se comunica en ninguna forma con este titular hasta el mediodía del lunes 8 de mayo, habiendo transcurrido 72 horas".
En su escrito a Cabanillas y Rubio, el juez constataba que los mandos reprendidos disponían "tanto del teléfono profesional del instructor como de su móvil, más aún cuando en un hecho como el referido es imprescindible la actuación inmediata y el establecimiento de un protocolo de actuación urgente".
Las recriminaciones van más allá, explica El Mundo. En el punto número dos Marlaska exige información acerca de "cómo incluso en el mediodía del día 8 de mayo, el comisario José Cabanillas únicamente se limita a personarse en este juzgado, acompañando una copia de la transcripción de audio del vehículo donde se observaba la filtración y sin ningún tipo de informe oficial en tal sentido ni protocolo de actuación ni diligencia a practicar, debiéndose exigir por este instructor que se pusiera oficialmente en conocimiento a la mayor brevedad posible".
El juez pidió que se le informara sobre por qué el informe tiene fecha del 15 de mayo "y no se hace llegar personalmente hasta el día de la fecha (22 de mayo)". La Policía tardó una semana en hacerle llegar los primeros informes al juez, que además reclama una contestación en el escrito sobre por qué el comisario jefe accidental no llamó en la fecha en la que estaba prevista la operación contra la trama de extorsión que fue frustrada por el chivatazo.
El juez no se explica tampoco que pueda considerarse "intempestiva" para llamar a un instructor que estaba pendiente en todo momento de las actuaciones las 16:30 horas del 4 de mayo. Y tampoco que se considerasen igualmente intempestivas las horas siguientes, cuando se dio a conocer "posteriormente la filtración y no existe ninguna llamada, sino una visita al despacho transcurridas más de 72 horas".
El juez se refiere en el escrito a por qué Policía no tenía un protocolo adecuado de actuación para casos como el Faisán y, aún más sorprendente, que la Policía no intentase localizar al autor de la llamada que destapó la operación. Pide, pues, "que se afirme por qué no se intentó localizar a este titular y, en caso de ser infructuoso, haberlo diligenciado y ponerlo en conocimiento inmediato del juzgado de guardia".
Después de que el magistrado ordenara a la Comisaría General de Información que investigaran la delación y activar a un grupo de la Guardia Civil de cara a desarrollar una investigación paralela, algunos intentaron maniobras para paralizar la acción del juez. Fue tentado entonces con una plaza de juez de enlace en Londres, un puesto ansiado por toda la profesión judicial, pero Markaska ni siquiera contestó a dicha oferta.
Fue entonces cuando el titular de la plaza, Baltasar Garzón, aceleró su regreso de Estados Unidos y se hizo cargo del sumario. Su primera decisión, según El Mundo, fue finalizar la participación de la Guardia Civil en las pesquisas, dejando todo el peso en el equipo policial de la Comisaría General de Información.
El resultado fueron varios informes sobre los número de teléfonos sospechosos, y que concluían que los presuntos autores del chivatazo podrían haber sido Víctor García Hidalgo –entonces director general del a Policía-, el jefe superior de Policía del País Vasco, y un inspector que entonces estaba destinado en Vitoria y que estaba destinado a la lucha contra el terrorismo islamista. El fiscal no consideró concluyente dicho informe.
Tras la suspensión de Garzón, la investigación del caso recayó en Pablo Ruz. El juez está investigando detalladamente, expone El Mundo, todos los tomos de las investigaciones, a la espera del informe de la juez francesa Laurence Le Vert. Francia se negó a realizar la actuación conjunta contra la trama de extorsión poco después del chivatazo, y ese informe puede ser fundamental. Un informe que no acaba de llegar, y que desvelaría quién y cómo convenció a la magistrada francesa que no se realizase la operación.