(Libertad Digital) Cuenta el diario de Prisa este viernes que el Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales "tendrá competencias para controlar, inspeccionar y sancionar a los operadores de radio y de televisión". Ya ha definido lo que entiende por faltas muy graves: "la vulneración del pluralismo (incluido el lingüístico) y la veracidad de las informaciones". También "la no separación entre informaciones y opiniones, la vulneración del derecho al honor, la fama y la intimidad personal y familiar y la protección de la infancia y la juventud". La multa para estos casos podrá ser de un millón de euros y la posible revocación de la concesión.
La diferencia entre el CEMA y el CAC es que sólo este último tiene potestad para adjudicar licencias de radio o de televisión. Especifica El País que en el caso del órgano de control estatal este poder queda en manos del Ejecutivo, es decir, en manos de Montilla, creador del Consejo. Los miembros de este organismo político serán siete y su designación será por una mayoría de dos tercios del Congreso. Tendrán un mandato de seis años, dos más que la duración de una legislatura.
En el mismo caso se encontrará el operador que haya incumplido de forma reiterada las circulares y resoluciones vinculantes dictadas por los órganos de control y supervisión.
Según la información, la ley prevé también "la suspensión temporal mediante la emisión de una imagen en negro que ocupe toda la pantalla en los casos en los que las televisiones cometan una infracción muy grave que afecte a los contenidos audiovisuales". Serán multados también aquellos medios que, recoge el anteproyecto de ley, muestren una "negativa, resistencia u obstrucción que impida o dificulte la difusión de los comunicados o declaraciones que el Gobierno o la autoridad correspondiente considere necesario difundir a través de los medios de comunicación".
Concluye el texto que "en casos de urgencia, las medidas disciplinarias podrán ser acordadas antes de la incoación del expediente sancionador".