L D (Agencias) El pasado mes de julio el juez de la Audiencia Nacional requirió al director de El Mundo toda la documentación que este periódico pudiera tener sobre el sumario de los atentados del 11-M y le advirtió de que si incumplía su requerimiento deduciría testimonio por si pudiera incurrir en un delito desobediencia a la autoridad judicial. El juez Del Olmo ante la negativa de Pedro J. Ramírez a entregar la copia del sumario del 11-M se inhibió en favor de los juzgados ordinarios de Madrid para que dilucidasen las eventuales responsabilidades en las que podría haber incurrido.
Durante poco más de quince minutos, el juez Pedro López Jiménez ha tomado declaración a Ramírez, que a la salida de los juzgados manifestó que "ha sido una declaración muy escueta" en la que "el juez me ha preguntado si recibí el requerimiento y si contesté amparándome en el artículo 20 de la Constitución, como efectivamente así lo hice". Según Ramírez, el Ministerio Público "sólo" le ha hecho dos preguntas durante la declaración: si el requerimiento que recibió fue reiterado o no, y si él tuvo voluntad de cumplir ese requerimiento.
El director de El Mundo aseguró que ha declarado que "sólo" recibió "un único requerimiento" y que "hubiera deseado colaborar con la justicia como siempre he hecho", pero añadió que "el artículo 20 de la Constitución, el deber del secreto profesional, me lo ha impedido porque no protege a los periodistas sino a los ciudadanos". "No estamos ante una situación límite en la que, de la revelación de unas fuentes o de la entrega de una documentación, dependa ni la vida de una persona ni la posibilidad siquiera de perseguir más eficazmente un delito grave", consideró Ramírez, que afirmó que "estamos ante un caso en el que el secreto profesional tiene primacía y plena vigencia".
Además, el director de El Mundo señaló que ha hecho constar al juez su "estupor" ante la situación de que ningún otro medio de comunicación "haya sido requerido ni imputado por desobediencia, cuando todos los colegas han publicado múltiples informaciones procedentes de ese sumario", agregó. Ante la posibilidad de que pudiera ir a la cárcel, Ramírez dijo que no cree que "exista un riesgo real" de que eso pueda producirse si se tiene en cuenta "cuál es nuestro ordenamiento jurídico". "Me parece imposible que en la instrucción de este procedimiento alguien pueda destruir mi presunción de inocencia, es decir, creo que el artículo 20 de la Constitución es muy claro y que precisamente está diseñado para casos como éste", concluyó.
Durante poco más de quince minutos, el juez Pedro López Jiménez ha tomado declaración a Ramírez, que a la salida de los juzgados manifestó que "ha sido una declaración muy escueta" en la que "el juez me ha preguntado si recibí el requerimiento y si contesté amparándome en el artículo 20 de la Constitución, como efectivamente así lo hice". Según Ramírez, el Ministerio Público "sólo" le ha hecho dos preguntas durante la declaración: si el requerimiento que recibió fue reiterado o no, y si él tuvo voluntad de cumplir ese requerimiento.
El director de El Mundo aseguró que ha declarado que "sólo" recibió "un único requerimiento" y que "hubiera deseado colaborar con la justicia como siempre he hecho", pero añadió que "el artículo 20 de la Constitución, el deber del secreto profesional, me lo ha impedido porque no protege a los periodistas sino a los ciudadanos". "No estamos ante una situación límite en la que, de la revelación de unas fuentes o de la entrega de una documentación, dependa ni la vida de una persona ni la posibilidad siquiera de perseguir más eficazmente un delito grave", consideró Ramírez, que afirmó que "estamos ante un caso en el que el secreto profesional tiene primacía y plena vigencia".
Además, el director de El Mundo señaló que ha hecho constar al juez su "estupor" ante la situación de que ningún otro medio de comunicación "haya sido requerido ni imputado por desobediencia, cuando todos los colegas han publicado múltiples informaciones procedentes de ese sumario", agregó. Ante la posibilidad de que pudiera ir a la cárcel, Ramírez dijo que no cree que "exista un riesgo real" de que eso pueda producirse si se tiene en cuenta "cuál es nuestro ordenamiento jurídico". "Me parece imposible que en la instrucción de este procedimiento alguien pueda destruir mi presunción de inocencia, es decir, creo que el artículo 20 de la Constitución es muy claro y que precisamente está diseñado para casos como éste", concluyó.