LD (Ángela Martialay) La Asociación Unión de Guardias Civiles para la Democracia (UnionGC) pide a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid que retenga la cantidad de dinero que el antiguo Director General de la Guardia Civil, Luis Roldán, recibirá de una entrevista que le realizará la cadena Telecinco próximamente.
Según señalan los guardias civiles en su escrito, Luis Roldán debe la cuantía de casi tres millones y medio de euros de indemnización a dos constructoras por haber estafado en el verano de 1989 más de 85 millones de pesetas (más quinientos diez mil euros) para contratar un supuesto servicio de contravigilancia a los trabajadores de la autovía de Leizarán.
Roldán mantuvo ese año varias reuniones con el presidente del Consejo de administración de Construcciones Lián S.A y el consejero delegado de la empresa Obrascon para tratar la seguridad del personal de las constructoras antes las amenazas de ETA.
Condenas, sin pagar todavía
El ex director de la Guardia Civil aconsejó a ambas empresas que empleasen un servicio de contravigilancia ya que con la protección recibida por las Fuerzas de Seguridad del Estado no era suficiente. Creyendo el dinero dado se destinaría a ese fin, Roldán recibió más quinientos diez mil euros que nunca empeñó en ese cometido y nunca devolvió en forma de indemnización, tal y como le obliga la sentencia de la Audiencia Provincial de 24 de febrero de 1998.
De esta forma, el ex-mandatario nunca abonó las cuantías a la que fue condenado en concepto de responsabilidad civil y que la misma se ha mantenido por los diferentes Tribunales que han venido conociendo del caso, según denuncian dicha asociación. Por ello, ahora la UnionGC le pide a la Fiscalía que emplee el dinero que Luis Roldán recibirá de la entrevista concertada con Telecinco, supuestamente superior a 50.000 euros, a pagar a los perjudicados por dicho delito.
Roldán fue condenado por sentencia firme por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, de 24 de febrero de 1998, como autor de los delitos de malversación, estafa, cohecho, cinco delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad en documento mercantil a las penas, respectivamente, de ocho años de prisión y veinte de inhabilitación absoluta; seis años de prisión menor y diez años de inhabilitación especial para cargo público; cuatro años de prisión, multa de mil seiscientos millones de pesetas y nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público; dos años de prisión y multas por cada uno de los cinco delitos contra la Hacienda Pública; y tres años de prisión y multa de doce meses con una cuota diaria de dos mil pesetas; accesorias, costas y responsabilidad civil.