L D (EFE) El cámara provincial aprobó este texto a partir de una iniciativa de Aralar, que incluía tres puntos, a los que se añadieron otros tres a propuesta de PNV y EA. De esta manera, el texto aprobado consta de seis puntos en los que se condena la detención de los dirigentes de Batasuna-ETA y se exige la derogación de la Ley de Partidos.
En el escrito, las Juntas señalan además que la "persecución de militantes políticos constituye un ataque contra la democracia" y califican de "inadmisible" que el derecho de reunión "se considere un delito". En los puntos añadidos a iniciativa de PNV y EA, las Juntas aseguran que un "sistema democrático debe garantizar la posibilidad de defender cualquier planteamiento político por medios pacíficos y democráticos y de materializarlo si cuenta con el apoyo de la voluntad popular".
Las Juntas se comprometen además a favorecer "todo proceso que contribuya a liberar a la sociedad vasca de la dialéctica destructiva de presión-represión a la que está sometida, y a que este proceso se organice de forma democrática a partir de la obediencia a los acuerdos que han adoptado los vascos y a los que, en el ejercicio de su libertad de decisión, adoptarán en el futuro".
En el último punto añadido por PNV y EA, las Juntas Generales expresan "una vez más que la base de la convivencia es el cumplimiento estricto de todos los derechos humanos, sin que quepa ningún tipo de excepción, empezando por el derecho a la vida", por lo que considera "inasumible e injustificable cualquier expresión de violencia".
En el escrito, las Juntas señalan además que la "persecución de militantes políticos constituye un ataque contra la democracia" y califican de "inadmisible" que el derecho de reunión "se considere un delito". En los puntos añadidos a iniciativa de PNV y EA, las Juntas aseguran que un "sistema democrático debe garantizar la posibilidad de defender cualquier planteamiento político por medios pacíficos y democráticos y de materializarlo si cuenta con el apoyo de la voluntad popular".
Las Juntas se comprometen además a favorecer "todo proceso que contribuya a liberar a la sociedad vasca de la dialéctica destructiva de presión-represión a la que está sometida, y a que este proceso se organice de forma democrática a partir de la obediencia a los acuerdos que han adoptado los vascos y a los que, en el ejercicio de su libertad de decisión, adoptarán en el futuro".
En el último punto añadido por PNV y EA, las Juntas Generales expresan "una vez más que la base de la convivencia es el cumplimiento estricto de todos los derechos humanos, sin que quepa ningún tipo de excepción, empezando por el derecho a la vida", por lo que considera "inasumible e injustificable cualquier expresión de violencia".