L D (Agencias) Ante la llegada del Plan Ibarretxe al Congreso de los Diputados y la entrevista entre el presidente del Gobierno y el lehendakari, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, ha recordado que no estamos ante "un debate jurídico" sino ante la exigencia de que "se cumpla la ley". Para Rajoy, "esto nada tiene que ver con pactos, diálogos o acuerdos, porque el cumplimiento de la ley no se puede acordar".
En una rueda de prensa en la sede madrileña de la calle Génova, recogida por la agencia Europa Press, el presidente del PP dijo que no acudirá el próximo viernes a La Moncloa a buscar un acuerdo con el Gobierno para frenar el Plan Ibarretxe, porque "ya lo hay", sino a intentar "reafirmar el espíritu constitucional" de 1978 y a plantear a José Luis Rodríguez Zapatero un pacto que imposibilite que ninguno de los dos grandes partidos pueda acometer una reforma que afecte al modelo de Estado sin contar con el apoyo del otro. Sin embargo, para Rajoy el procedimiento contra el plan es una acción que corresponde al Gobierno y que pasa, en primer lugar, por recurrirlo ante el Tribunal Constitucional.
Respecto a la exclusión que está sufriendo el PP por parte del Gobierno, Mariano Rajoy aclaró que cualquier reforma de la Carta Magna o del modelo de Estado "pasa por el acuerdo entre los dos grandes partidos y los demás que quieran sumarse". "Me preocupa –añadió– que el presidente del Gobierno diga que puede prescindir del Partido Popular".
Rajoy se refería así a la conversación que Zapatero tuvo con la prensa, el pasado 6 de diciembre, en el Palacio Real, en la que sostuvo que el Ejecutivo socialista puede llevar a cabo sus proyectos de reforma con los populares o sin ellos. "Creo que el presidente no sabe a dónde va", dijo Rajoy al respecto, advirtiendo que eso sería terminar con 26 años de historia constitucional. "Espero que fuera un lapsus", ironizó.
"Cumplir la ley por encima de cualquier otra cosa"
El líder popular recordó que al Plan Ibarretxe ha sido aprobado con el apoyo de ETA y recalcó que es un proyecto que "rompe" el consenso logrado en la Transición al "negar" la existencia de España como nación y la soberanía que reside en los españoles. Asimismo, subrayó que el órdago secesionista trastoca las "reglas del juego" democrático al presentarse como reforma estatutaria, "cuando realmente es una ruptura constitucional".
Dicho esto, apuntó que ante una propuesta que conlleva la convocatoria de un referendo "digan lo que digan los Cortes" merece ser respondida con "serenidad pero con firmeza". Con este argumento, dijo estar sorprendido por el hecho de que el Ejecutivo no actúe y se comporte "como si no pasara nada, cuando pasa, como muestra que convocaran un gabinete de crisis". "Hablar y recibir a la gente está muy bien, pero cumplir la ley está por encima de cualquier otra cosa", apostilló.
Estrategia del PP: Comparecencias y pleno urgente si hay que debatir el Plan Ibarretxe
Además, afirmó que el PP defenderá que la mesa de la Cámara Baja "rechace" el plan del lehendakari, lo devuelva al Parlamento vasco y "pida que se respeten los procedimientos" marcados en el Estatuto y la propia Carta Magna para acometer cambios. "Porque, si no, estaremos legitimando que se incumpla la ley", añadió Mariano Rajoy.
Pese a que el Gobierno confía en que el Plan Ibarretxe acabará su andadura cuando se debata en el Congreso de los Diputados, el PP cree que la actitud del Ejecutivo no está siendo lo firme que requiere la situación. La intención del principal partido de la oposición es que el Plan separatista ni siquiera alcance el trámite en el Congreso y sea devuelto al parlamento vasco. Sin embargo, ante la casi seguridad de que el resto de los grupos consiga que se celebre el trámite, el PP pide que no pase más tiempo y se convoque un Pleno urgente sin esperar al fin de plazo en el mes de marzo. Además, han pedido la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar y del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, este último por su negativa a recurrir el archivo de las diligencias contra el presidente de la Cámara vasca, Juan María Atutxa, pese a haber desobedecido la orden de disolución de Batasduna-ETA en su parlamento dictada por el Tribunal Supremo.