(Libertad Digital) La Sala del 61 del Tribunal Supremo declaró ilegal ANV por su colaboración “reiterada” con Batasuna, el brazo político de ETA. Sin embargo, ANV sigue actuando como partido político, y sus concejales continúan ocupando sus cargos en 42 ayuntamientos en País Vasco y Navarra. El motivo legal es que la sentencia de ilegalización aún no ha sido ejecutada. Tal y como señala el diario ABC, nadie lo ha pedido. Ni la Abogacía del Estado ni el Ministerio Fiscal, partes demandantes en este proceso.
Fuentes del Tribunal Supremo han confirmado al periódico de Vocento que la sentencia está notificada (es decir, conocen el texto en su integridad los partidos ilegalizados, el fiscal y el abogado del Estado), pero no ejecutada, pues este trámite se inicia por ley a petición de las partes, y a día de hoy ninguna de ellas lo ha hecho.
En este caso, el Alto Tribunal tampoco lo ha iniciado de oficio porque con la ley en la mano debe esperar a que se lo pidan los demandantes. Si la notificación tiene efectos sobre los dos partidos ilegalizados; la ejecución sólo la tendría sobre sus grupos municipales. La sentencia del Tribunal Supremo en ningún caso supondrá la pérdida del cargo de concejal o de diputado, que es personal.