(Libertad Digital) El Ministerio de Justicia arrastra un largo conflicto laboral que estalló el pasado 16 de marzo en una huelga general de los funcionarios de Justicia, la primera que se ha producido desde 1988. El actual Gobierno se niega a cumplir los compromisos alcanzados por la administración del PP, que se refieren a aspectos retributivos y estatutarios. En su momento, el director general de Relaciones con la Justicia, Ricardo Bodas, manifestó en una reunión con los líderes sindicales que “el equipo actual del Ministerio de Justicia no se siente vinculado con los acuerdos ni política, ni jurídica, ni moralmente”.
Julia Jiménez, presidenta de CSI-CSIF Justicia, ha revelado a Libertad Digital que el acuerdo firmado por la UGT ha llevado al Ministerio a aceptar parcialmente dos puntos de los 13 referidos al ámbito reglamentario. La última negociación entre la Administración y los sindicatos tuvo lugar el pasado miércoles, 20 de abril. El viernes 22 de abril, UGT firmaba con el Ministerio, ante la sorpresa del resto de centrales, que no ocultan su indignación por lo que califican de “traición” de UGT.
Acuerdo "ilegal"
Los dos sindicatos mayoritarios, CSI-CSIF y Comisiones Obreras, a los que se suman USO y SAP-STAJ, mantienen las reivindicaciones y consideran el acuerdo de UGT, con un 15% de representación, como “ilegal”. No obstante, hay regiones en las que la delegación de UGT no ha seguido lo marcado por la central socialista y se ha sumado a las reivindicaciones, como Ciudad Real, León o Zaragoza. Fuentes sindicales temen que el objetivo del acuerdo de UGT con el Ministerio sirva para “desmovilizar” a los trabajadores y confundir a la opinión pública.
Pese a que se mantiene la huelga por el conflicto con el Ministerio, los sindicatos han llegado a un acuerdo con tres Comunidades Autónomas: Madrid, Cataluña y Valencia. Éstos se refieren al ámbito salarial, ya que el reglamentario, al que los sindicatos conceden especial importancia, dependen del Ministerio de Justicia. Por tanto, se da la circunstancia de que, pese a que está convocada una manifestación en Madrid para el próximo 27, las protestas se dirigirán contra el Ministerio y no contra la Comunidad que preside Esperanza Aguirre.
Entre las reivindicaciones de las centrales se encuentra un acuerdo para facilitar a los funcionarios el regreso a sus comunidades de origen cuando haya plazas disponibles o la concesión de un período de transición para que los funcionarios no titulados puedan acceder a la promoción a los Cuerpos de Tramitación y de Gestión. También se oponen, entre otras reivindicaciones, a la práctica de cubrir plazas por medio de la libre designación. Dentro del ámbito salarial, el Ministerio propone un aumento de las retribuciones de hasta 112 euros, lejos de los 200 euros en que las centrales cifran el acuerdo alcanzado con el anterior Ejecutivo.