El 14 de mayo de 2008 ETA hizo estallar una furgoneta bomba frente a la Casa Cuartel de Villarreal de Álava. El atentado provocó la muerte del sargento de la Guardia Civil Juan Manuel Piñuel y causó varios heridos. Dos años y seis meses después, este martes ha comenzado a celebrarse en la Audiencia Nacional el juicio por estos hechos.
En la Sala, presidida por la magistrada Ángela Murillo, se encontraban sentados en el banquillo de los acusados los miembros del grupo 'Askatun Haizea' de ETA Arkaitz Goikoetxea Basabe, Aitor Cotano Sinde e Iñigo Gutiérrez Carrillo, defendidos por la abogada proetarra Jone Goirizelaia.
La primera sesión de la vista arrancaba pasadas las diez y media de la mañana con el desafío de los tres acusados al tribunal. Los terroristas se han negado a levantarse cuando Murillo iba a leerle sus derechos, por lo que fueron de inmediato conducidos al habitáculo acristalado de la sala blindada previa orden de la magistrada. "Puede ahora tomar asiento o quedarse de pie, o haga usted lo que le dé la gana", ha espetado la juez a Goikoetxea. Una imagen que se ha repetido en dos ocasiones más con Cotano y Gutiérrez.
Los terroristas, que acto seguido sólo han respondido a las preguntas de su defensa, se han limitado a negar su participación en el atentado y han alegado que las declaraciones que hicieron en las dependencias policiales tras su detención fueron obtenidas bajo torturas. Por otro lado, una estrategia de defensa habitual y a la que recurren la gran mayoría de etarras enjuiciados en la Audiencia.
"Vi oscuridad y pensé que había muerto"
Asimismo, ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha prestado su testimonio durante toda la mañana varios de los miembros del Instituto Armado que vivieron en primera persona la acción terrorista. Uno de ellos ha relatado que "no dio tiempo a nada" porque pasaron "segundos" desde el aviso de la colocación de la bomba hasta la explosión. Además, el testigo ha descrito la sensación que tuvo: "Vi oscuridad y pensé que había muerto". Otro de los guardias civiles que se encontraban en la Casa Cuartel ha señalado cómo pensaron en un primer momento que "nos habían colocado un coche bomba".
Además, uno de los compañero de Piñuel ha explicado que el agente asesinado se encontraba realizando la llamada de emergencia a la Central Operativa de la comandancia de Vitoria cuando se cortó la comunicación y le sorprendió la explosión. "Los 200 kilos de amonal produjeron la rotura de toda línea eléctrica y telefónica", han subrayado. La estructura del edificio quedó "totalmemente" dañada, añadió.
Otro de los guardias civiles ha contado que salió a inspeccionar la zona y vio que ya sólo había una furgoneta sospechosa aparcada, a través de cuyas ventanillas le pareció ver "algo tapado con unas mantas".
"Avisé a mi jefe y volví a bajar donde estaba mi otro compañero -Piñuel-, que estaba comunicando con la comandancia de Vitoria y, justo en ese momento de bajada, estalló la bomba", destacó.
En el momento de la explosión, a las 02:55 horas del 14 de mayo, en el cuartel había 27 personas: 15 guardias civiles y 12 familiares, de los que 6 eran menores de edad.
Por estos acontecimientos, la fiscal Blanca Rodríguez solicita penas de 534 de cárcel para los miembros de ETA Arkaitz Goikoetxea Basabe y Aitor Cotano por un delito de asesinato terrorista, 26 delitos de asesinato en grado de tentativa, dos delitos de estragos terroristas, un delito de robo de vehículo y otro de hurto de vehículo. Por su parte, el Ministerio público solicita ara Iñigo Gutiérrez pide 8 años de prisión por colaboración con organización terrorista.
En la causa, se ha personado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que por primera vez en su historia ejerce de acusación popular, y ha pedido penas que superan los 1.150 años de cárcel para los tres acusados. La asociación ha acompañado a los agentes y familiares de Piñuel que se encontraban en la Sala, entre ellos la viuda del sargento asesinado.
También ejercen la acusación el letrado Emilio Murcia desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el abogado Juan Carlos Rodríguez Segura en representación de las víctimas. El Ministerio Público reclama una indemnización de 500.000 euros para los herederos del general y el pago de 3.183.212 euros a la Guardia Civil por los daños producidos en el edificio. El juicio se reanudará este miércoles.