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Urquijo censura que se acuse al Estado de alentar grupos parapoliciales

El parlamentario del PP vasco mostró este miércoles su desacuerdo "radical" con el apartado del informe de víctimas de la "violencia de motivación política", presentado en la Cámara vasca, en la que se acusa a gobiernos democráticos de tolerar la existencia de grupos parapoliciales.

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El parlamentario del PP vasco mostró este miércoles su desacuerdo "radical" con el apartado del informe de víctimas de la "violencia de motivación política", presentado en la Cámara vasca, en la que se acusa a gobiernos democráticos de tolerar la existencia de grupos parapoliciales.
Carlos Urquijo. Diputado del PP en el Parlamento vasco. | Archivo

La directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, fue la encargada de presentar este miércoles en el Parlamento regional el polémico y esperado informe sobre las víctimas de la "violencia de motivación política", que recoge medidas para resarcir a todos aquellos afectados por los GAL, el Batallón Vasco Español o por supuestos abusos policiales.

Expuesto ante los diputados que forman parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara vasca, el contenido no fue del total agrado de los grupos parlamentarios, aunque los más críticos con el informe fueron aquellas formaciones que se disputarán el electorado batasuno en las elecciones de mayo si la franquicia electoral etarra no consigue colarse en la contienda electoral: EA, Aralar e IU-EB.

El portavoz del PP en la citada comisión, Carlos Urquijo, censuró que en un apartado del citado informe se acuse a gobiernos democráticos de alentar grupos parapoliciales, exactamente, tanto a los gobiernos de UCD como a la primera legislatura de Felipe González, con lo que mostró su desacuerdo "radical".

"Aunque resulta difícil dibujar con precisión los contornos temporales de este periodo, cabe situar el final del mismo en la segunda mitad de la década de los ochenta, cuando estos grupos dejan de contar con apoyos en las estructuras del Estado y la política antiterrorista empieza a ajustarse a los cánones de defensa de los derechos humanos exigidos por la doctrina, las instituciones internacionales y el Derecho comparado", dice el informe presentado.

Del mismo modo, el dirigente popular se mostró contrario a la creación de una ponencia en el Parlamento vasco sobre este tema porque, según declaró a Libertad Digital, "sólo serviría para convertirla en una especie de altavoz para los grupos que ahí quieran llevar EA y Aralar". De este modo hacía alusión, por ejemplo, a grupos como Torturaren Aurkako Taldea (TAT), excesivamente cercano al mundo de ETA y al que tanto EA como Aralar querían dar voz en la comisión. "No nos vamos a prestar a hacer el caldo gordo a los nacionalistas", aseguró.

Tal y como había adelantado este periódico, la justificación del terrorismo de ETA desapareció del informe de víctimas de la "violencia de motivación política" que se traslucía del informe original, redactado por un Gobierno vasco controlado todavía por el Tripartito que comandaba Juan José Ibarretxe. En aquel, se dejaba entrever que las acciones terroristas de ETA eran fruto de una respuesta a la violencia del Estado, y se mostraba a dos comunidades enfrentadas que practicaban la violencia de formas diferentes, intentando asemejar la situación vasca a la de Irlanda del Norte.

Además, en el texto presentado este miércoles se elimina asimismo el antiguo listado de supuestos afectados por este tipo de violencia, en el que los nacionalistas habían incluido a terroristas de ETA y a dirigentes de HB-EH-Batasuna.

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