L D (Luis del Pino) Cuando entregaron su informe los tres peritos que analizaron una sustancia encontrada en el piso de un presunto islamista del 11-M, jamás pudieron pensar que aquel documento terminaría generando una marejada judicial de tan enormes proporciones. En aquel informe, los peritos dejaban constancia de que esa sustancia (ácido bórico) había sido encontrada anteriormente en poder de un comando de ETA.
Sin embargo, su documento nunca llegó a manos del juez del 11-M, Juan del Olmo, porque los superiores de esos tres peritos decidieron eliminar las referencias a la banda terrorista. La versión del informe que llegó a manos del magistrado estaba mutilada. Al descubrir hace unos meses que su trabajo había sido alterado, los tres peritos denunciaron el caso a sus superiores. Sin embargo, lejos de perseguirse a los presuntos responsables de la mutilación del informe, la denuncia de los tres peritos fue ignorada. El caso sólo saltó a la opinión pública cuando el diario El Mundo publicó el informe original junto a aquél otro, mutilado, que se le había remitido a Del Olmo.
Tampoco entonces se inició una investigación para determinar quién era el responsable de que se le hubieran ocultado párrafos al juez del 11-M sino que se desató una feroz campaña contra los tres peritos que habían denunciado la falsificación. Campaña en la que no faltaron los intentos de desprestigio de los peritos, desde diversos medios de comunicación, ni tampoco la irrupción presuntamente irregular del juez Garzón, que decidió acusar a los peritos en lugar de a quienes habían mutilado el informe pericial. Esa actuación le valió al juez Garzón diversos revolcones jurídicos, propinados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, además de dos querellas, presentadas contra Garzón ante el Tribunal Supremo.
El caso de la falsificación del informe terminó recalando en su lugar natural, los juzgados de Plaza de Castilla, donde se hizo cargo del mismo la juez Gema Gallego. Tras la correspondiente instrucción, la juez decidió anular las imputaciones realizadas a los peritos por Garzón e imputar en su lugar a cuatro mandos de la Policía Científica, a los que consideraba presuntamente responsables de un delito de falsificación, por haber eliminado del informe pericial determinados párrafos que hacían alusión a ETA.
Esa presunta falsificación de uno de los informes del sumario del 11-M puede terminar haciendo que la cúpula de la Policía Científica se siente en el banquillo. Cada uno de los cuatro mandos policiales acusados de intervenir en la presunta falsificación se enfrenta a una posible condena de 6 años de cárcel, que es la petición que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M hace en su escrito de conclusiones. Los policías son, exactamente, Francisco Ramírez Pérez, Jefe de la Sección de Análisis Químicos del Laboratorio Químico Toxicológico de la Comisaría General de Policía Científica, Pedro Luis Mélida Lledo, Secretario General y Segundo Jefe de la Comisaría General de Policía Científica, Miguel Ángel Santano Soria, Comisario General de la Policía Científica, y José Andradas Herranz, Jefe de la Unidad Central de Análisis de la Comisaría General de Policía Científica.
La AV11-M ha solicitado igualmente en el citado escrito de acusación la declaración como testigos de José Antonio Alonso, Ministro del Interior en el momento de la confección de los informes, y de Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro del Interior en el momento de desvelarse la falsificación, con el fin de aclarar las circunstancias que rodearon a unos hechos de la máxima gravedad objetiva.
La asociación de víctimas dirigida por Ángeles Domínguez y representada por el abogado José María de Pablo fue quien denunció el caso de la falsificación ante los juzgados de Plaza de Castilla. Además de estar personada en esta causa, este colectivo está personado en el sumario principal del 11-M, donde representa a más de un centenar de víctimas de los atentados de Madrid. Recientemente ha presentado en la Audiencia Nacional sus conclusiones acerca de la investigación sobre la masacre, en las que solicita que se efectúen nuevas pruebas para determinar los explosivos utilizados en los trenes aquel 11 de marzo.