LD (M. Llamas) La crisis del sector inmobiliario español comienza a mostrar sus primeros efectos colaterales en materia financiera. La agencia de calificación Fitch ha situado en “perspectiva negativa” hasta 14 clases pertenecientes a 11 titulizaciones de entidades nacionales, constituidas por préstamos concedidos a pequeñas y medianas empresas (pymes) vinculadas al sector de la construcción.
Dichos bonos sirven de vehículos para las entidades, con el fin de colocar deuda crediticia entre los inversores y así obtener financiación. Con este toque de atención, la agencia advierte de que estos productos están mostrando un “rápido incremento de la morosidad, que se ve acentuado por la preocupación en cuanto a la calidad de la cartera de créditos y su concentración en el mercado inmobiliario y sectores relacionados”.
En concreto, las titulaciones afectadas reflejan una proyección desfavorable de la morosidad (riesgo de impago) superior a 90 días durante los próximos 24 meses, según Fitch. La agencia añade que la exposición de estos créditos a la construcción, el mercado inmobiliario y sectores afines (materiales de la construcción) constituye una “preocupación a largo plazo”. Y es que, la reciente evolución del mercado de la vivienda en España no da muestras de recuperación en el futuro próximo.
Aumento de la morosidad
El valor de estos activos asciende a cerca de 1.200 millones de euros, según fuentes de la agencia consultadas por LD. Sin embargo, esta “perspectiva negativa” no implica, en ningún caso, una degradación de la calidad (rating) de dichos títulos.
La deuda crediticia (SME y CDOs) vinculada a las pymes españolas gozan de la garantía suficiente como para “justificar las valoraciones actuales de calificación”, según Fitch. La agencia tan sólo sitúa en perspectiva “negativa a largo plazo” algunos productos concretos de este tipo de titulizaciones de crédito.
Los fondos afectados pertenecen a Caixa Penedés, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Banesto, Santander, Bancaja, Caixa Sabadell, Caja Mar, banco de Valencia y Caja Rural. Todas ellas son operaciones de emisión de deuda efectuadas durante 2006 y 2007.