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Industria estima que Kioto tendrá un coste de 52 millones de euros para el sector eléctrico

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio estima que la aplicación del Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión, fruto de los compromisos asumidos por España en el Protocolo de Kioto, tendrá un coste para el sector eléctrico de 52 millones de euros en 2005.

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L D (Agencias) La valoración de Industria figura entre los datos incluidos en el informe que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha elaborado sobre el decreto de tarifa eléctrica para 2005 y que recoge Europa Press.

En concreto, en su propuesta de tarifa el Gobierno incluye 52.007 millones en el cálculo del coste de generación de la electricidad bajo el epígrafe “Déficit de derechos de emisión”. Según Industria, esta cuantía es una estimación realizada "por prudencia tarifaria" del impacto que la aplicación del PNA "podría tener" en los costes de producción de la luz considerados en la tarifa. La CNE considera que el Ejecutivo no explica ni el cálculo realizado para estimar el coste del PNA ni detalla cómo se incluye en el cálculo de la tarifa. A su juicio, esto pone de manifiesto "la incertidumbre" sobre el impacto que la aplicación de Kioto puede tener tanto sobre los costes del sistema contemplados en la tarifa como, sobre todo, "en la partida de costes de transición a la competencia (CTC) tecnológicos".

El ministro de Industria, José Montilla, había asegurado en distintas ocasiones en los últimos meses que el incremento de la tarifa de la luz que se aprobaría para 2005 sería "mesurado y suficiente", "dentro de los márgenes que prevé la legislación" (un aumento máximo anual del 2%), y que en esta revisión no se tendrían en cuenta los costes derivados de Kioto, ya que el PNA y el comercio de emisiones no entraban en vigor hasta este año, por lo que era "difícil" empezar a repercutir "algo que todavía no existe".

139 millones menos de los previstos por el Gobierno

En su informe, la CNE también advierte al Gobierno de que, según sus cálculos y proyecciones, los ingresos que recibirán las eléctricas no llegarán a cubrir los costes previstos, con un déficit que rondaría los 139 millones de euros. La diferencia radica, básicamente, en que el escenario de demanda eléctrica para este año contemplado por la CNE es menor que el previsto por el Gobierno. Así, Industria espera que en 2005 el consumo ascienda a 235.871 GWh, mientras que el regulador lo cifra en 234.613 GWh, es decir, 1.258 GWh menos. Además, la CNE cuenta con que el precio medio del kilovatio será más bajo que el tomado por el Ejecutivo para realizar sus estimaciones.
 
De esta forma, mientras el Gobierno considera que las compañías ingresarán 17.290 millones de euros, suficientes para recuperar los costes previstos, la CNE cree que esta cifra será de 17.151 millones, es decir, 139 millones menos. Otro de los principales puntos de crítica de la CNE tiene que ver con el coste estimado de producción de los ciclos combinados, que la Comisión considera que será de 1.683 millones, un 4,64% menos que lo que el Gobierno ha tomado como referencia.
 
La CNE también cuestiona los criterios seguidos en el reparto de la retribución de la distribución. En este punto, entiende que los porcentajes de reparto se puedan variar en un futuro, pero considera que mientras se mantenga el modelo retributivo actual, deberá aplicarse "estrictamente" lo que prevé la legislación vigente. "De otro modo, se estaría introduciendo, una vez más, una inseguridad regulatoria en el sistema eléctrico y perjudicando arbitrariamente a unas empresas a favor de otras", subraya el documento.
En general, la CNE lamenta que la revisión de la tarifa eléctrica no responda a una metodología de asignación de costes que reparta los mismos "según unos criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios", en línea con las propuestas realizadas por el regulador en años anteriores.
 
Por último, la CNE también advierte al Gobierno en su informe de que el Decreto sobre la tarifa eléctrica incluye un artículo que limita las funciones inspectora y liquidadora de la Comisión, lo que supone "vulnerar" las atribuciones competenciales que en estas materias la Ley del Sector Eléctrico hace a favor del regulador. En concreto, Industria aprovecha la revisión tarifaria para atribuirse la capacidad de comprobar la aplicación de la normativa tarifaria vigente, dejando a la CNE como mero "relator de hechos". Asimismo, el Gobierno asume la competencia liquidadora en caso de facturaciones incorrectas de la luz en detrimento de la CNE, que se limitaría a realizar una nueva liquidación atendiendo sólo a las instrucciones de Industria.

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