Menú

ENTRA EN VIGOR el Protocolo que podría provocar la huída de empresas fuera de España

El Protocolo de Kioto entra este miércoles en vigor con la intención de reducir la emisión de los denominados "gases de efecto invernadero". Los países que se han sumado a este compromiso, entre ellos España, no podrán superar una determinada cantidad de estas emisiones y si lo hacen tendrán que pagar un canon por ello. Esto supondrá unos importantes gastos para España, que, de seguir así, podría superar el nivel comprometido en un 66 por ciento en el año 2010. Los expertos advierten del peligro de "deslocalización" empresarial.

0
ENTRA EN VIGOR el Protocolo que podría provocar la huída de empresas fuera de España
"
(Libertad Digital) Siete años y casi dos meses después de ser firmado, el llamado Convenio Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocido como Protocolo de Kioto, ha tomado valor jurídico para los 141 países que lo ratificaron.

Su objetivo es reducir entre 2008 y 2012, un promedio de un 5,2 por ciento las emisiones a la atmósfera de los denominados "gases de efecto invernadero": dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluocarbono, perfluorocarbono y el hexafluorocarbono de azufre.

Sin embargo, el optimismo que se percibió en el momento de la firma ha quedado rebajado por las retiradas de EEUU, China e India, tres de las naciones más contaminantes del mundo.

EEUU firmó el Protocolo pero decidió no ratificarlo en 2001 por los daños que iba a acarrear su cumplimiento en la economía del país. Además, la Casa Blanca también se mostró contraria a que a los países en desarrollo no se le exija el recorte de emisiones de gases. Así, la entrada en vigor se retrasó durante años enfangada en negociaciones interminables, ya que para que el pacto se convirtiera en jurídicamente obligatorio se necesitaban que los países causantes de un 55 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono lo ratificaran.
 
Costes del Protocolo de Kioto en España: la deslocalización
 
Los objetivos fijados para España en el Protocolo de Kioto (primer país que lo firmó) suponen que tan sólo podrá aumentar sus emisiones de este tipo de gases un 15 por ciento hasta 2012 (con respecto a las que se realizaban en 1990). Sin embargo, según un reciente estudio realizado por Price Waterhouse Coopers, si la economía sigue funcionando al ritmo actual, España habrá superado en 2010 en un 66 por ciento las emisiones contaminantes de 1990. Esto supondrá que los empresarios y el Estado tendrán que pagar 19.213 millones de euros por esas emisiones de más, solamente entre 2008 y 2012.
 
Para evitar pagar demasiado, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha elaborado un Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión que asigna a cada sector una determinada cantidad de emisión de gases. Entre los sectores más afectados destaca el eléctrico, seguido del siderúrgico, el cementero, el papelero, el de fabricantes de vidrio y ladrillos, las refinadoras de petróleo, las coquerías o el automovilístico. Contradictoriamente, el sector del transporte no está incluido en el Protocolo de Kioto, pese a considerarse uno de los más contaminantes.
 
Pese a que el Gobierno socialista insiste una y otra vez en que este plan no afectará a la economía española. El Consejo Económico y Social (CES) y la patronal CEOE, se han sumado a los expertos de PriceWaterHouseCoopers para advertir del peligro que puede suponer este Protocolo de Kioto para la industria española.
 
Según advierten, el encarecimiento de los costes de producción por el pago de derechos de emisión puede provocar la deslocalización (fuga de empresas) de la industria en algunos países de la UE, entre ellos España, así como dificultar el asentamiento en la región de multinacionales de otras zonas, como Estados Unidos.

En Libre Mercado

    Lo más popular